El ministro Alfonso Prat Gay ratificó ayer que la Argentina alcanzó un preacuerdo con los fondos buitre más agresivos que tienen sentencia favorable contra el país en los tribunales de Nueva York, en el que se pactó el pago de u$s 4.653 millones en efectivo, y que ahora la resolución del tema está en manos del Congreso, que deberá aprobar el entendimiento y derogar la ley cerrojo y de pago soberano, sobre la base de lo dispuesto por el juez Thomas Griesa. "Por primera vez en 15 años la Argentina saldrá del default porque hasta ahora todos fueron avances parciales", dijo Prat Gay, quien enfatizó que "por supuesto este preacuerdo está ad referendum del Congreso, confiamos en que tendrá apoyo, porque esto no es una cuestión de un Gobierno, es de Estado". Durante una conferencia de prensa explicó, acompañado por el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, del secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el subsecretario de Financiamiento, Santiago Bausilli, que el pago de este acuerdo "no implicará una pérdida de reservas" ya que se emitirán bonos que se colocarán entre un grupo de bancos, para cancelar la deuda. "Estamos estudiando una emisión de dos o tres bonos, a largo plazo, que podría llegar a los u$s 15.000 millones, pero vamos a ver, según la tasa cuál será el monto final", dijo el ministro. Por su parte, Caputo destacó que los nuevos títulos incorporarán "una acción de clase", en línea con lo que sucede con las nuevas colocaciones que se hacen a nivel global, por la cual si la mayoría de los tenedores adhieren a una reestructuración, la minoría no podrá apelar la medida en tribunales como sucedió con los fondos buitre y el default de 2001. El preacuerdo alcanza a los "fondos más agresivos" como Elliott (NML/Singer), Dart (EM Limited), Aurelius, Blue Angel, Olifant, y varios de los "me too". Pero no incluye a los italianos representados por la TFA de Nicola Stock, que fue alcanzado en enero pasado. Si bien el preacuerdo vence el 14 de abril, fecha para la cual el Gobierno debería tener los u$s 4.653 millones para hacer frente el pago, Caputo explicó que "puede haber una prórroga si las negociaciones (con el Congreso y los bancos colocadores) están encaminadas". A continuación, más definiciones vertidas ayer.
• "Esta semana enviaremos un proyecto de ley al Congreso que permita concretar los acuerdos y que tanto el Gobierno como las provincias querrán cerrar este capítulo y acceder al crédito internacional porque no hay desarrollo de infraestructura si no hay financiamiento".
• "Una vez que el Poder Legislativo apruebe el preacuerdo y derogue las leyes, el juez Griesa levantará la restricción de pago que pesa sobre la Argentina, por lo que podrá emitir nueva deuda y pagar los u$s 3.000 millones que no pagó a tenedores reestructurados desde julio de 2013, cuando los fondos fueron bloqueados por decisión del magistrado. Una vez que el Congreso dé su visto bueno, se emitirán bonos para estos pagos y tener dinero como para comenzar obras de infraestructura que sólo en 2016 requiere de u$s 2.500 millones.
• "Nos tomó ocho semanas resolver una cuestión que llevaba casi 15 años sin ser resuelta y no hay muchos antecedentes de acuerdos judiciales con quita que en este caso promedia el 25%, con un recorte del 40% en los intereses de los títulos impagos".
• "Todavía queda pendiente de acuerdo un monto equivalente al 15% de la deuda en default, por alrededor de u$s 3.000 millones, que están en manos de otros tenedores, y a quienes se les mantendrá abierta la oferta hasta cerrar el tema.