Por Carlos Burgueño -  "Esto se termina acá. Uno de los clerks (secretarios/ asesores) de Thomas Griesa les dio ayer a enviados legales de la Argentina la clave que desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas querían escuchar. Los hombres de Alfonso Prat Gay querían definir antes de avalar el anuncio del "special master", Daniel Pollack, sobre el acuerdo con los fondos buitre Elliott, Bracebridge, Blue Angel y Aurelius, si el juez de Nueva York efectivamente consideraría el final de las negociaciones con estos acreedores como el punto definitivo para que el "juicio del siglo" comience a cerrarse. El hombre de Griesa fue terminante. Adelantó que en la audiencia de hoy a las 13:30, donde las partes volverán a verse, quizá por ultima vez, en una audiencia organizada por el magistrado, dará sentencia. Y esta sería absolutamente favorable para que el país pueda desplegar su estrategia de salida del default que arrastra desde 2001. 

Griesa sólo le exige a la Argentina lo que el Gobierno de Mauricio Macri ya sabe: que el Congreso sancione la caída de la ley cerrojo y de pago soberano y que antes del nuevo deadline del 14 de abril, haya concretado los pagos comprometidos a los acreedores que aceptaron la oferta que hace menos de un mes el secretario de Finanzas, Luis Caputo, llevó ante Pollack. Si todo esto ocurre, facilitará la operación financiera que propuso el país y, lo más importante, dejará por escrito que el juicio está cerrado y que a los acreedores que no quisieron ingresar en el llamado no tendrán nuevas oportunidades para reclamarle al país. Al menos en su juzgado que, por otro lado, concentra todas las causas contra la Argentina por el default de 2001. 

La única alternativa que tendrían luego los bonistas irreductibles sería apelar ante la segunda instancia. Para esto se deberán presentar luego de la audiencia de hoy, y antes de cumplirse las 48 horas anunciarle a Griesa que no avalan la propuesta y que, tal la autorización que les dio la Cámara de Apelaciones de Nueva York la semana pasada, podrán recurrir a la segunda instancia. Prometen en el juzgado del juez que aún si esto ocurriera, no implicaría que el país continuara formalmente en default, ya que le levantará todas las restricciones financieras a la Argentina, en especial la cláusula "pari passu" por la cual cualquier dólar que se pague para cancelar deuda o emitir nuevos títulos públicos pueden ser embargados. Si luego la Cámara quiere restablecer la cláusula, ya no será responsabilidad de su juzgado; y, se supone, nunca la segunda instancia daría marcha atrás con un fallo de un juez original. Esto, por ejemplo, fue lo que sufrió la Argentina durante todos los años del "juicio del siglo". 

Griesa además promete dar de baja todas las causas paralelas al fallo central, especialmente la aplicación del principio de "Discovery", por la cual los fondos buitre podrían avanzar en la investigación sobre la presencia de bienes embargables del país en los Estados Unidos. El juez de Nueva York tiene la llave (aún no utilizada) para llamar a otros colegas de ese país para que avancen sobre embargos de eventuales activos físicos y financieros de la Argentina. Uno de esos casos es la investigación en San Francisco iniciada por Elliott contra Chevron por la sociedad de la petrolera con YPF. 

También caería la apelación que el país llevó hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos por el intento del fondo de Paul Singer de aplicar el principio de "Alter Ego" sobre los depósitos que el país tiene en las cuentas del Banco Central en el sistema financiero norteamericano. Por esta causa, apelada por la Argentina, el país debería presentarse ante la última instancia del sistema judicial de EE.UU. el próximo miércoles 9 de marzo. 

El juez también dejaría hoy en claro que los bonistas que no acepten la oferta argentina podrán apelar, pero no cobrarán un sólo dólar de lo que propone pagar el país. La aclaración apunta específicamente al "Grupo Varela", que integran unos 13 argentinos que se convirtieron en los últimos en aceptar la operación y que hasta ayer la rechazaban. Griesa iría aún más allá y dejaría en claro en el texto de su sentencia que, al menos en su juzgado, tiene vigencia la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO) por la cual cualquier reclamo que los bonistas que aceptaron los términos de los canjes de 2005 y 2010, podrían recibir el mismo beneficio si la oferta a los holdouts era mayor. Griesa determinó que RUFO está vigente, con lo cual en enero de 2015 terminó la vigencia de ese seguro.