Así consta en el preacuerdo que representante de esos litigantes firmaron con funcionarios de la administración de Mauricio Macri el lunes, bajo la órbita del mediador Daniel Pollack. El acuerdo de pago, condicionado a la derogación de las leyes Cerrojo por parte del Congreso, se hizo público ayer al sumarse a la causa judicial que tramita en los despachos del juez de Nueva York Thomas Griesa.

El preacuerdo compromete a Argentina a pagar u$s 4428,25 millones a ese grupo de litigantes a cambio de sus sentencias por u$s 5891 millones. El país abonará otros u$s 235 millones para saldar los gastos legales en todo el mundo. Y un interés anual del 2%, que correrá hasta el 14 de abril (fecha límite de pago) y que significa otros u$s 322.795 dólares.

"Las primeras sumas de dineros recaudadas a través de la reunión de capital (vía emisión de bonos) hasta la entera cantidad para pagar a (todos) los demandantes (...) deberán pagarse inmediatamente y directamente a los abajo firmantes o a las entidades seleccionadas" por ellos, se lee.

NML Capital -de Paul Singer-, Aurelius -de Mark Brodsky- y compañía son los protagonistas principales del juicio principal, por el que la Argentina debe abonar unos u$s 1800 millones entre capital e intereses. Esos fondos sumaron luego demandas adicionales en calidad de me too.

Hasta el momento, la Argentina cerró 21 acuerdos con distintos acreedores con o sin sentencia firme, que aceptaron quitas de 25% promedio o cobrar 150% del capital de sus bonos en default. En total, la administración de Mauricio Macri cerró litigios por unos u$s 10.500 millones. En el preacuerdo, los fondos buitre se comprometieron a no obstaculizar la emisión de bonos por hasta u$s 15.000 millones que prepara Argentina, y el Gobierno a no emitir deuda en divisas en el exterior para otros fines hasta no cerrar el acuerdo.

El miércoles, Griesa rechazó un pedido de los fondos buitre de prorrogar por otros treinta días las sanciones contra el país y recalcó que levantará las restricciones para pagar la deuda reestructurada una vez que el Congreso derogue las leyes Cerrojo y el Gobierno pague a quienes ya aceptaron la propuesta.

Ayer, los fondos NML y Aurelius apelaron esa orden. Un grupo de bonistas argentinos que no aceptó el trato advirtió que también apelará. De aceptar los recursos, la Corte de Apelaciones prorrogaría la salida del default del país.