Así lo enfatizaron el viernes el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el asesor legal de esa Secretaría, Eugenio Bruno, al defender los acuerdos con los litigantes ante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Hasta el momento, la administración de Mauricio Macri cerró una veintena de acuerdos para pagar reclamos por unos u$s 10.500 millones. La semana pasada, el mediador Daniel Pollack anunció que, tras acuerdos con los principales litigantes, NML Capital y Aurelius, el 85% de los juicios en tribunales de Nueva York quedaban incluidos en la propuesta de pago con quita promedio de 25%. El jueves, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, ratificar los acuerdos con los fondos buitre y emitir bonos por unos u$s 15.000 millones a una tasa de entre 7% y 8% para conseguir el efectivo necesario para saldar esos acuerdos.

Los legisladores del Frente para la Victoria y sus aliados, como Carlos Heller (Nuevo Encuentro) manifestaron alertas por eventuales juicios de los "holdins", los acreedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Según replicó Bruno el viernes, los riesgos de esos litigios son mínimos.

Por un lado, explicó el abogado de Hacienda, la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que obligaba a equiparar una eventual mejor oferta a los acreedores que ingresaron al canje, venció a fin de 2014. "Hay consenso absoluto entre todos los abogados de Nueva York con los que uno habla en que ya venció y no tiene relevancia ni efectividad legal hoy", afirmó.

Heller también planteó la posibilidad de que los acreedores del canje litiguen ante la derogación de las leyes cerrojo, pero esa legislación no formó parte del contrato entre el Estado y los bonistas, sino que fue posterior.

Los holdins también podrían reclamar la aceleración de la deuda que no cobran desde julio de 2014 por orden del juez neoyorquino Thomas Griesa. Los intereses retenidos suman u$s 3100 millones. El Gobierno piensa que si esa aceleración todavía no empezó, no llegará. Y que una vez liberados los pagos, no habrá motivos legales para reclamar aceleración o compensaciones por mora. Hacienda apura los pagos para abril, una vez que Griesa levante las sanciones, luego de pagar a los acreedores que firmaron los acuerdos hasta el 29 de febrero.

Los holdouts que no aceptan los acuerdos podrán continuar con los juicios. Horacio Vázquez, fundador de la Asociación de Ahorristas Damnificados por la Pesificación y el Default (Adapd) y uno de los trece argentinos que obtuvieron fallos favorables en el juicio de pari passu junto con NML y Aurelius, dijo ayer a la agencia NA que continuarán con el derrotero judicial. Según Vázquez, bonistas con reclamos por u$s 2000 millones apelarán la orden de Griesa de levantar las sanciones. Se trata de dos grandes colectivos, el de Vázquez y compañía (unos u$s 800 millones) y el representado por el bufete Duane Morris (u$s 1200 millones).

En el Gobierno entienden que la Corte de Apelaciones acompañará a Griesa. Abogados que siguen la causa desde Wall Street recordaron que el tribunal de alzada suele validar las órdenes más importantes del juez de primera instancia y que fijó un calendario de exposiciones acotado en el tiempo para fallar en unas cuatro semanas y agilizar los pasos finales de cara al 14 de abril, la fecha de cobro que impusieron NML y Aurelius en su preacuerdo con la Argentina.