Por Esteban Rafele - El estudio de abogados Cleary Gottlieb pasó a un segundo plano en la defensa judicial de Argentina en la causa contra los fondos buitre, pero será el bufete que estructurará legalmente las series de bonos con las que el Gobierno espera conseguir hasta u$s 15.000 millones para pagar a los holdouts, según supo El Cronista de fuentes del mercado.
Desencantado con la asesoría legal de Cleary en el juicio, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, contrató a otro estudio, Cravath, para que encabece el tramo final de la negociación. El Gobierno pidió a Cleary un cambio de nombres. Desplazó a Jonathan Blackman, que protagonizaba las audiencias, y sumó la asesoría de Lee Buccheit, el abogado estrella del bufete, experto en reestructuraciones soberanas.
Según trascendió, los títulos públicos a cinco, diez y treinta años de plazo tendrían una estructura de pago similar a los de los canjes de 2005 y 2010 y sumarán cláusulas de acción colectiva, que forzarán a ingresar a las minorías a una eventual reestructuración. Argentina apelaría un agente fiduciario que cobraría en Buenos Aires y transferiría el dinero hacia el exterior. Esa fue la mecánica que ideó el equipo económico del entonces ministro Roberto Lavagna en 2005 para evitar eventuales embargos de los fondos buitre, porque si era el país el que sacaba el dinero al extranjero, éste podría haber sido capturado por litigantes. Con la intervención del agente fiduciario, el pago se concreta en territorio nacional.
El negociador de Cambiemos en la Cámara de Diputados, Luciano Laspina, minimizó el riesgo de nuevos litigios a raíz del pago a los fondos buitre. Pero todavía quedan fuera del arreglo reclamos por unos u$s 2000 millones, encabezados por bonistas argentinos (Grupo Varela) y el estudio de abogados Duane Morris. Ayer, el mediador Daniel Pollack anunció nuevos arreglos por u$s 190 millones, que incluyen al fondo de inversión GMO (u$s 119 millones) e inversores menores. 
Si bien no hubo confirmación oficial, el agente fiduciario volvería a ser el Bank of New York (BONY), el mismo que intervenía en el pago de los títulos reestructurados hasta que la ley de pago soberano puso fin a su contrato. El proyecto de ley que impulsa Cambiemos para pagar a los holdouts restituye al BONY como agente habilitado para pagar los bonos del canje.
BONY retiene pagos por u$s 535 millones correspondientes a amortizaciones de bonos del canje desde julio de 2014, cuando el juez de Nueva York bloqueó los pagos. El dinero se encuentra en cuentas que la entidad tiene en el Banco Central. Para los pagos siguientes, en septiembre de ese año, la administración de Cristina Fernández reemplazó al BONY por el Nación Fideicomisos.
En total, los pagos de deuda reestructurada que quedaron en el limbo legal tras el congelamiento que dictó Griesa suman u$s 3100 millones. Operadores y expertos del mercado no se ponen de acuerdo si esos cupones corresponden a los bonistas que tenían los papeles al momento del pago o a sus actuales titulares, en el caso de que haya habido cambio de manos.
Para el economista Javier Alvaredo, socio de ACM, "lo más lógico sería mantener el mecanismo de pago de los bonos reestructurados y, dado el cúmulo de tareas que tiene el equipo económico por delante, que ahorren tiempo en negociar un contrato especial es importante". La Secretaría de Finanzas que comanda Luis Caputo debe cerrar los acuerdos con los holdouts, trabajar en los cambios en el proyecto de ley para pagar y preparar la emisión por u$s 15.000 millones, una de las más altas en Latinoamérica en dos décadas.
La emisión será contrarreloj. La Corte de Apelaciones no definirá el caso hasta días antes de la fecha límite de pago impuesta por NML y Aurelius, el 14 de abril, y Argentina requiere de ese aval y el del Congreso. Además, el Gobierno debe presentar el formulario 18-K ante la Securites and Exchange Commis sion (SEC), la comisión de valores estadounidense. Allí deberá dejar en claro los riesgos atados a la nueva emisión y hacer un repaso sobre la actualidad macroeconómica del país.