Por: Ricardo H. Ferraro - La Argentina, desde hace años, viene suscribiendo convenios con otros países en los cuales el compromiso es el intercambio de información con el objetivo de lograr transparencia tributaria y neutralizar otras operaciones como la financiación del terrorismo y el narcotráfico, que impulsan la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y también el G-20, de los cuales el país es parte.

El administrador federal, Alberto Abad, en su disertación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA, anunció que se dictará un régimen de información para no residentes con depósitos mayores a u$s 100.000; es decir, ciudadanos de otros países que mantienen depósitos de ese tenor en entidades del país y sobre los cuales la Argentina, por los convenios firmados, informará al país de origen. Pero no hay que olvidar que las otras naciones informarán depósitos de argentinos en su jurisdicción.

Los acuerdos suscriptos con 56 países operan en el intercambio de información a partir del año próximo y en 2018 se le suman 41 naciones más a ese mecanismo. 

Como puede apreciarse, la Argentina está inserta en este marco global que busca transparentar las transacciones internacionales.

Ahora bien, la entrada en vigencia plena y operativa de los convenios firmados también está marcando un punto de partida y un tiempo de transición en el cual permanecen ciudadanos de nuestro país así como de los otros países firmantes que pretenden regularizar su situación de manera de llegar a ese momento de "largada" habiendo normalizado su posición fiscal.

Esta vez ya no es un contexto propio el que impulsa una medida de excepción, todos los países comprendidos en el intercambio de información fiscal y/o financiera pugnan por una amnistía fiscal previa que genere la oportunidad de recomponer la situación.

Es por eso que el titular de la AFIP, con cierto pragmatismo, explicó que actualmente "es tendencia mundial" y que "no se va a dejar de estudiar ningún tema" en relación con la posibilidad de regímenes que permitan la regularización de los contribuyentes. La amnistía fiscal permitiría "poner la mesa pareja para todos", pero aclaró que a su entender no va a ser gratuita, "va a tener un costo", casi como una metáfora con respecto al fracasado intento del Gobierno anterior.

El hecho de no haberse descartado la medida no implica darla por hecho o pensar en un jubileo, ya que si bien resultaría necesaria teniendo en cuenta el contexto global se trata de una decisión que debe pasar por el Congreso y, en consecuencia, recién luego del debate y del consenso, de lograrse, podrán evaluarse los alcances y efectos de su aplicación.