El viernes, la Corte de Apelaciones fijó un stay o medida cautelar que puso en suspenso la orden del juez de Nueva York Thomas Griesa que disponía el fin de las sanciones que impiden al país pagar los compromisos de deuda reestructurada. Para que eso se concrete, Argentina debe pagar a los fondos buitre que firmaron preacuerdos. NML Capital, Aurelius y otros habían pedido al magistrado un mes adicional negociaciones para permitir a otros fondos llegar a acuerdos con el país y apelaron la orden.

La cautelar tuvo más impacto político que concreto. El martes, el tribunal de alzada había fijado un cronograma de presentación de escritos, que ratificó. "El stay salió como si fuera una mala noticia y debimos haber salido a aclarar que no cambia absolutamente nada. Lo pedimos las dos partes", afirmó Caputo. "Lo único que confirmamos es que no vamos a hacer nada hasta que se expida la Corte", prosiguió.

De acuerdo con ese plan de acción, los fondos litigantes presentarán sus argumentos en contra del levantamiento de las sanciones hoy, Argentina deberá responder el lunes 21 o antes y los acreedores tendrán oportunidad de replicar a la República hasta el viernes 25. El Gobierno espera que Apelaciones llame a audiencia entre las partes para el lunes 4 de abril o antes. Luego se tomaría unos días para definir. Toda la expectativa está en que el tribunal de alzada ratifique la orden de Griesa. Si la rechaza y devuelve el expediente al magistrado, el acuerdo con NML Capital y Aurelius, los principales acreedores, caerá.

El Ministerio de Hacienda trabaja a tres bandas. Además del caso judicial, coordina con la bancada legislativa de Cambiemos la aprobación en el Congreso de las leyes que avalen el pago a los holdouts con quita de 25% promedio. Caputo y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, se reunirán hoy con diputados del Frente Renovador y del bloque Justicialista de Diego Bossio para dar precisiones sobre las últimas novedades judiciales e intentar que no se dilate el cronograma parlamentario. El jueves irán al Senado a defender los acuerdos.

El otro frente es el financiero. Según fuentes del mercado, el Ejecutivo cerró un preacuerdo con un grupo de bancos para colocar bonos por entre u$s 12.000 millones y u$s 15.000 millones ni bien tenga los avales de la justicia estadounidense y el Congreso. Los bonos, dijo Caputo a legisladores, serán a cinco, diez y treinta años de plazo, con una tasa esperada de entre 7 y 8%.