Por ESTEBAN RAFELE - El juez de distrito de Nueva York Thomas Griesa dictaminó ayer que los pagos destinados a saldar los juicios con los fondos buitre que firmaron preacuerdos con Argentina no podrán ser embargados por los acreedores reticentes a aceptar la propuesta del país.

El Ministerio de Hacienda celebró la orden, mientras la cámara de Diputados debatía el proyecto de ley para pagar a los holdouts. "Cualquier intento de embargar o interferir de alguna manera con los fondos destinados a los acuerdos de cualquier acción serán contrarias al interés público", afirmó el juez. Griesa, además, fijó ayer la mecánica de pago, que incluye a una serie de bancos internacionales, entre ellos el BONY, agente fiduciario desterrado en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández.

Según voceros del Palacio de Hacienda, la orden "protege a la República de intentos de embargo o intervención por parte de los acreedores que no están aceptando la propuesta". A su vez, interpretaron, esos bonistas reticentes a firmar acuerdos tienen "un incentivo adicional para aceptar la propuesta, porque explicita aun más el apoyo de la Corte al curso tomado". Según la cartera de Alfonso Prat-Gay, Argentina logró preacuerdos con el 85% de los litigantes y quedan reclamos por resolver por unos u$s 2000 millones en conjunto.

Para los negociadores argentinos la orden de Griesa "aumenta el interés de participación en la operación de la nueva colocación de bonos" por hasta u$s 15.000 millones, "ya que los inversores tienen la garantía de que no habrá embargos".

La orden de Griesa, en principio, se restringe a los preacuerdos firmados con los fondos buitre más importantes: NML Capital, Aurelius, Olifant, Blue Angel y FFI. Estos cerraron pactos por los que el país desembolsará u$s 4653 millones por sus juicios, lo que implica una quita del 21%, menor a otros convenios, que incluye el pago de costas legales. Estos holdouts exigieron cobrar antes del mediodía del 14 de abril.

Esos fondos y otros acreedores menores que no aceptaron la propuesta del Gobierno apelaron la orden de Griesa que levantará las sanciones al país si la República paga los preacuerdos firmados hasta el 29 de febrero. Las ordenes del magistrado impiden a Argentina pagar compromisos de deuda reestructurada desde el 30 de junio de 2014.

Los fondos y bonistas individuales que no acordaron con el país pidieron al tribunal de alzada mantener las sanciones hasta tanto Argentina arregle con ellos y se consideraron discriminados en las negociaciones. "A diferencia de los fondos de inversión que compraron sus bonos post-default a 20 centavos por dólar, los bonistas individuales lo hicieron a 100 centavos por dólar y nunca estarán satisfechos con acuerdos con ‘recortes’", enfatizaron. Si la Corte de Apelaciones les da la razón, los acuerdos con los principales acreedores caerán, ya que la administración de Mauricio Macri afirmó que no emitirá deuda para saldar los juicios hasta no tener el aval del tribunal.

Según el cronograma de Apelaciones, los demandantes y Argentina tendrán una audiencia alrededor del 4 de abril y lue go la Corte resolverá, lo que daría al país alrededor de una semana para emitir deuda por hasta u$s 15.000 millones y pagar las sentencias en efectivo, con una quita promedio del 25%.