Por: Carlos Burgueño - El Gobierno de Barack Obama está dispuesto a hacer un esfuerzo final importante a favor de la solución del "juicio del siglo": presentarse ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York ante una eventual complicación del caso en esa instancia. La promesa la hizo ayer en Buenos Aires el subsecretario del Tesoro estadounidense para Asuntos Internacionales, Nathan Sheets, funcionario que llegó al país ayer como avanzada de la visita del presidente norteamericano, y testigo directo de la media sanción de la ley de autorización del pago a los acreedores en Diputados. El propio enviado habló del tema luego de un encuentro con Alfonso Prat Gay, diciendo que "damos la bienvenida al principio de acuerdo entre la Argentina y los titulares de la gran mayoría de los demandantes (judiciales) y apoyamos los esfuerzos en curso para asegurar la aprobación legislativa". Sheets emitió un comunicado luego del encuentro con el ministro de Hacienda y Finanzas y horas después de conocerse la votación en el Congreso donde dijo, además, que "la implementación final de estos acuerdos debería ayudar a la Argentina a su retorno a los mercados internacionales de capital y representaría un desarrollo constructivo para todo el sistema financiero mundial".

En concreto, el subsecretario de la repartición que maneja Jack Lew,se comprometió a continuar apoyando la estrategia de la Argentina en la Justicia de los Estados Unidos cuando, si se necesita, llegue el momento de presentar la opinión del Gobierno de Obama sobre la oferta del país. Esta acción política, poco común de parte de un ejecutivo de EE.UU., no sería ya necesaria ante la Corte de Thomas Griesa. El juez de primera instancia ya cerró el martes cualquier acción que trabe la operación de pago de la deuda argentina a los acreedores antes del 14 de abril; llegando incluso a decretar el mecanismo de liquidación como de "interés público". Para todas las partes, incluyendo el Gobierno norteamericano, la posición del juez cierra ya cualquier tipo de acción en la primera instancia judicial de ese país. El problema podría aparecer en la segunda, cuando la Cámara deba tratar las seguras apelaciones que podrán aparecer tanto de parte de los acreedores que no acepten la oferta argentina, como de eventuales bonistas que hubieran aceptado los canjes de deuda de 2005 y 2010. Se sabe tanto en las huestes locales como desde los despachos de Griesa y del "special master" Daniel Pollack (los dos entusiastas defensores de los acuerdos cerrados con los acreedores), que es inevitable frenar las apelaciones y que éstas sean tratadas por la Cámara. Para esa instancia la Argentina necesita cuatro apoyos concretos para reforzar su presentación judicial ante la segunda instancia: escritos de los acreedores que aceptaron la oferta, del juez de primera instancia, de Wall Street y, al menos, una opinión del Gobierno norteamericano sobre la situación. Descartan los negociadores argentinos que Griesa emitirá en su fallo final (luego del 14 de abril) una definición sobre los argumentos que lo llevaron a determinar que el caso está cerrado y la jurisprudencia del caso para que se respete el acuerdo y se proteja a la Argentina. Esto incluirá la ratificación de la legalidad de la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO) que venció en enero de 2015 y cuyo vencimiento tiene para Griesa vigencia plena. El juez además obligará a los acreedores que acepten el fallo a firmar un documento donde renuncian a continuar litigando y aceptan el cobro como el pago definitivo del país y la renuncia a derechos posteriores. También se descarta que desde Wall Street haya apoyos bajo la cláusula de "amicus curiae". Esto incluiría además a organismos financieros internacionales. 

Ayer Sheets prometió apoyo de parte del Gobierno de Obama. Sería la cuarta pata necesaria para blindar lo máximo posible la eventualidad de una llegada, y una complicación, de la causa en la segunda instancia judicial en los Estados Unidos.