La Argentina presentó anoche ante la Corte de Apelaciones de Nueva York los argumentos a favor del fallo del juez Thomas Griesa que libera los pagos de deuda reestructurada una vez que el país salde los acuerdos alcanzados con los fondos buitre con fallos a su favor.
Como parte del calendario que definió el tribunal de alzada, la Argentina respondió anoche a los argumentos de los litigantes, los fondos buitre NML Capital y Aurelius, entre otros. Los holdouts tendrán tiempo hasta el viernes para volver a responder y luego, el 5 ó 6 de abril, la Corte llevará adelante una audiencia con las partes. El Gobierno espera un veredicto favorable cuanto antes y tener una semana para lanzar al mercado la colocación de deuda por u$s 12.500 millones para pagar a los holdouts.
El viernes 26 de febrero Griesa dictaminó que levantará las cautelares pari passu que pesan sobre el país y le impiden el pago de su deuda reestructurada desde junio de 2014. Puso como condiciones que se deroguen las leyes de Pago Soberano y Cerrojo y pagar los acuerdos firmados hasta el 29 de febrero. Una vez que eso ocurra, dijo el magistrado, el país estará en condiciones de saldar los u$s 3100 millones de vencimientos que quedaron depositados en cuentas del BONY y el Banco Nación a favor de los bonistas con títulos del canje.
Los holdouts se presentaron ante la Cámara de Apelaciones porque pretenden que se mantengan los bloqueos hasta que la Argentina cierre acuerdos con todos los acreedores. Se sospecha que los principales litigantes, Singer y Aurelius, tienen más deuda en default a nombre de terceros que aún no tienen sentencias a su favor ni suscribieron acuerdos.
Ayer, un grupo de bonistas europeos con títulos reestructurados, con George Soros entre ellos, presentó un amicus curiae ante la Corte para respaldar la posición argentina.
La Cámara ordenó que el fallo de Griesa quedará en suspenso hasta que su pronunciamiento. La Argentina tiene tiempo para pagar hasta el 14 de abril, según los acuerdos firmados con los dos principales litigantes.
Griesa ya advirtió que no aceptará pedidos de medidas judiciales que puedan interferir en las colocaciones que necesita realizar la Argentina para efectuar los pagos a los holdouts.
Hasta el momento, el país acordó con el 88% de los litigantes con juicios por u$s 9200 millones.