El 13 de enero, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay oficializó la decisión de emplear como indicadores de inflación los IPC de la Ciudad y de San Luis. Desde entonces, el Gobierno eligió cada mes el IPC-CABA, a pesar de que Hacienda se atribuyó la potestad de seleccionar uno u otro indicador hasta que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) vuelva a publicar un índice de precios.

En los meses anteriores, el IPC-CABA registraba un avance de precios algo menor al del IPC-San Luis. El indicador porteño midió subas de 3,9% en diciembre y 4,1% en enero, mientras que el puntano registró en esos meses incrementos del 6,5% y 4,2%. Sin embargo, con el impacto de la quita de subsidios a la luz, la inflación del Área Metropolitana fue de 4% en febrero, mientras que la de San Luis desaceleró a 2,7%.

"Mientras que en el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el aumento de la tarifa de electricidad es de (...) 253,3%, en el Índice de Precios al Consumidor de la provincia de San Luis el aumento tarifario de electricidad promedio es de (...)99 % para el mes de febrero de 2016", afirmó Hacienda en los considerandos de la resolución.

"El CER es un índice nacional y el aumento de tarifas en CABA fue casi tres veces superior que en el resto del país", explicaron voceros de Prat-Gay. E insistieron en que "Vamos a tomar como referencia cualquiera de los dos índices, no tiene que ver con que uno sea más bajo que otro".

El IPC se usa para calcular el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que ajusta el interés de muchos títulos públicos. El cálculo con la inflación de febrero estará vigente entre el 26 de marzo y el 25 de abril. El titular del Indec, Jorge Todesca, confirmó que el organismo presentará en mayo el IPC de abril. Será un Índice de Precios para el Área Metropolitana y no nacional, como la medición que presentó el kirchnerismo en 2014.

El mercado reaccionó mal ante el cambio de indicador. Los bonos con CER, como el Discount, perdieron hasta 2,10%. Alejandro Rodríguez, director del Departamento de Economía de CEMA, calculó que el cambio de índice representa un "ahorro" de $ 2900 millones, sobre la base de un stock de deuda ajustable por CER de unos $ 223.000 millones. "Pero al momento de pagar intereses, es muy poca plata", afirmó. "Generan una incertidumbre en el inversor que va a costar caro, sobre todo porque quiere promover créditos hipotecarios indexables", analizó.