Por Luis Riva - Desde la asunción del nuevo Gobierno fueron tomadas diversas medidas en el mercado cambiario tendientes a su flexibilización. Si bien los avances han sido sumamente importantes, no estamos todavía frente a un mercado totalmente libre como se denomina al MULC (Mercado Único y Libre de Cambios), por lo que sigue existiendo un remanente de regulaciones cambiarias que deben cumplirse y cuya omisión puede acarrear sanciones bajo el Régimen Penal Cambiario. Una creencia errónea entre vendedores internacionales argentinos es que la liberalización impacta también sobre la obligación de liquidación de divisas de exportaciones y los sumarios penales cambiarios que están relacionados. Producto de publicaciones periodísticas, trascendidos y hasta propios comunicados de prensa del BCRA algunos exportadores interpretaron que con estos sumarios o requerimientos presumariales ya nada pasaría. La concepción no es correcta. Si bien existiría una voluntad de reducir el stock de sumarios y de receptar principios que la Justicia ya aplica como el de la ley penal más benigna y el de insignificancia, la realidad es que el trámite de los sumarios ante BCRA todavía no reflejan esos cambios.

Un cambio se había producido en la Gerencia de Asuntos Contenciosos donde tramitan, pero ya data del año pasado: se han dispuesto archivos evaluando la falta de culpabilidad, aspecto que antes el BCRA se resistía a tomar en cuenta porque consideraba que esa evaluación sólo correspondía a la Justicia. La realidad es que la obligación de liquidar el contravalor en divisas de las exportaciones argentinas permanece vigente - aún cuando con ciertas modificaciones de plazos - y su incumplimiento mantiene en trámite los sumarios , en el caso del stock , y puede también dar lugar a nuevas actuaciones. El pase a la Justicia de estos sumarios, una vez concluida la etapa de instrucción en BCRA, aporta ventajas y desventajas. Las ventajas radican en que son más amplias las defensas que la Justicia ha receptado y tiene en consideración, como el principio de la ley penal más benigna, el de insignificancia o el de la protección a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable. 

La desventaja es que usualmente antes de dictar sentencia los jueces llaman a las personas físicas para conocerlas personalmente y a ningún director o presidente de compañía le gusta concurrir ante un juez criminal y completar las fichas dactilografías de reincidencia, por más que a la postre habrá de ser absuelto. Un nuevo aspecto está siendo abordado por la Justicia de manera novedosa y es el relativo a lo que se da en llamar "período infraccional". 

Usualmente BCRA incluye distintos hechos en la imputación y los agrupa todos bajo un mismo "período infraccional" tomando en consideración la última infracción para contar, hasta la formulación de cargos, los seis años de prescripción de la acción penal. Esto ha permitido amparar a BCRA de largas demoras formulando cargos al filo de la prescripción. 

La primera reacción de la Justicia fue reconocer el derecho a ser juzgado en plazo razonable. Ahora aparece una reacción contra el concepto y alcances del período infraccional que conmueve los cimientos de la operatoria de BCRA. 

Por los menos tres jueces de los cinco de la Cámara en lo Penal Económico entienden actualmente que en el período infraccional el plazo de prescripción se cuenta separadamente para cada infracción salvo que se dé el caso de delito continuado, que requiere una vinculación temporal y unicidad de acción y premeditación que permita hablar de ilícito continuado. Sólo dos jueces siguen sosteniendo que cada infracción , aún sin sentencia firme, interrumpe el plazo de prescripción de la anterior. 

Esta modificación de criterios está habilitando nuevos sobreseimientos en este tipo de sumarios. Otro cambio de criterio demuestra cómo una regulación menos favorable impacta como regulación más favorable en aplicación de la ley penal más benigna. En recientes fallos se ha considerado que el acortamiento general de plazos de liquidación de divisas de exportaciones que se dio en 2012 impacta sobre PE anteriores bajo sumario, debiendo hacerse respecto de éstos el cálculo más favorable de los plazos acortados. De esta manera, los vencimientos así recalculados se ubican antes de la formulación de cargos y por lo tanto se produciría la prescripción de la acción penal. 

En definitiva, habrá de verse en los próximos meses si BCRA actualiza sus criterios coordinándolos con los lineamientos de la Justicia. Una última observación debería estar destinada al nuevo sistema de notificación electrónica implementado por BCRA para los sumarios. Lamentablemente el sistema, sumamente complicado, funciona además con deficiencias y se ha venido a transformar en un verdadero trastorno para los abogados que ejercemos las defensas.