Por: Héctor Helman - La estrategia para repatriar los capitales de argentinos en el exterior, en el orden de u$s 260/300mil millones, según estimaciones, y los mecanismos para canalizarlos lo más eficazmente posible a la inversión en la economía real, debería ocupar un lugar privilegiado en la agenda oficial. Habiéndose resuelto el tema cepo, y terminado el capítulo holdouts, la pregunta estratégica que se plantea es cuánto, cuándo y hacia dónde se canalizará el ingreso de nuevo capital, y si es esperable que el mismo provenga de emisión de nueva deuda, inversión directa externa, repatriación de capitales ó de todas ellas en forma complementaria.

La Argentina viene de atravesar uno de los períodos más prolongado de irracionalidad de política económica que haya experimentado en su historia económica. Ya son consabidos los fracasos más contundentes, tales como los subsidios a la población de altos ingresos, el retroceso energético, el cepo, el deterioro de las economía regionales, la inflación disfrazada, la inconcebible liquidación de reservas mediante la venta de reservas a valor subsidiado, la venta de dólar futuro, y el "déficit gemelo" (comercial y fiscal) al final del ciclo virtuoso que prometía "el modelo". 

En el marco de tan numeroso listado de dislates, la fuga de capitales y el vaciamiento del BCRA fueron consecuencia de la creciente pérdida de confianza en las autoridades económicas, cuya evidente finalidad era amenguar el impacto de corto plazo sobre el mercado cambiario hasta el cambio de gobierno. 

Las soluciones al escenario heredado requieren contar con inversión de nuevo capital e ingreso de divisas no inferior a los 20 mil millones durante los primeros años. No es factible el desarrollo de proyectos de envergadura en sectores estratégicos tales como infraestructura, energía, vivienda, sin resolver esta cuestión. 

Es posible encarar tres políticas complementarias. Emisión de nueva deuda en el mercado internacional, inversión extranjera y repatriación de capitales.

La emisión de deuda en los mercados internacionales es la salida rápida, pues ofrece la tentación de resolver los problemas con mayor celeridad mediante la colocación de deuda soberana. Sin embargo, la experiencia de la Argentina en materia de endeudamiento externo obliga a ser conservadores con esta opción, evaluando los objetivos, las condiciones, y el riesgo de cada emisión, y manteniendo los indicadores de deuda/PIB ó de deuda/capacidad de pago dentro de un rango máximo aceptable y tolerable para el caso argentino. 

Lograr un flujo significativo de inversión directa externa requiere de un proceso de maduración, el cual se hará efectivo y tendrá impacto a partir de 2017 en adelante, en la medida que el Gobierno logre instalar el grado de "confianza de largo plazo" que se requiere para que dar lugar a decisiones de inversión de envergadura y de con horizonte de 10 años y más. 

La tercera alternativa consiste en la repatriación de capitales (exteriorización), y la inversión de los fondos en el financiamiento de la economía real, donde abundan proyectos de alta rentabilidad y garantías. Esta alternativa no implica generación de deuda, tiene el menor costo para el país, y constituiría una manera de desarrollar el mercado local de capitales en el marco de la nueva Ley 26831, cuya implementación efectiva e integral continúa estando aún pendiente. 

Un proyecto de repatriación debería incluir varias categorías de "exteriorizadores", conforme al tipo de compromiso que asumen con sus fondos. Para el caso en que los fondos ingresen al país y se inviertan en instrumentos de emisión primaria con oferta pública (bonos corporativos, fideicomisos, fondos de inversión directa, acciones) por un período no inferior a 5 (cinco) años para financiamiento de áreas estratégicas de la economía real, la repatriación (exteriorización) no tendría costo de ingreso al régimen. Los inversores tendrían transparencia respecto de los términos de amortización, pago de intereses y distribución de dividendos, especificados en el prospecto de emisión de cada proyecto, que estarán sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional de Valores.

A efectos de ofrecer a los inversores una opción de liquidez, podrían contar con una ventana de salida antes del período de cinco años cuando lo hagan a través del mercado secundario, que asegure el ingreso de fondos para la continuidad de los proyectos en desarrollo, teniendo en tal caso un costo de salida del 8% sobre el monto. 

Cuando finalice la (o se inicie una segunda) administración Macri el 10 de diciembre de 2019 será un momento clave de evaluación de resultados. 

Un factor esencial en tal sentido será evaluar si el país habrá generado la confianza necesaria para retener el capital propio en un mercado de capitales doméstico, comparable a los países competitivos de la región.

(*) Ex director de la Comisión Nacional de Valores.