Invitado a almorzar por el comité ejecutivo de la UIA, el funcionario evitó andar con vueltas y hacer promesas que sabe que no podrán cumplirse, aunque coincidió técnicamente con gran parte de los planteos de los industriales y con la fuerte presión tributaria que tiene la Argentina.

Los directivos de la central industrial presentaron sus quejas respecto de impuestos como Ingresos Brutos, Ganancia Mínima Presunta, el Cheque y Ganancias, así como también sobre la imposibilidad de ajustar los balances por inflación y los recortes realizados por la administración actual de los planes de facilidades de pago.

Abad reconoció que muchos de los tributos son distorsivos, pero puso sobre la mesa todas las medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri en materia impositiva desde que asumió, que le generaron un costo fiscal anual de $ 150.000 millones, el monto de la recaudación de un mes.

El titular de la AFIP se refirió a la eliminación y rebaja de las retenciones al agro, economías regionales y minería, el pago de los reintegros a la exportación y la devolución de IVA, así como también la suba del mínimo no imponible para la cuarta categoría de Ganancias y la devolución de la percepción del 35% para los trabajadores que no pagan ese impuesto.

Según les dijo Abad, también hay que mirar del otro lado y no se puede dar todo porque el déficit público actual es muy grande. Además, cuando se quita un impuesto el Estado debe analizar de qué manera lo reemplaza. En definitiva, planteó que los empresarios deberán esperar a que la economía se recupere para poder obtener alguna mejora tributaria adicional.

La UIA le presentó un power point con un panorama general sobre la industria, el empleo, las inversiones, el comercio exterior y el nivel de presión tributaria (todas malas noticias) y luego las autoridades del departamento de Política Tributaria le expusieron una serie de propuestas de mejoras al Régimen de Facilidades de Pago Permanente e ideas para modificar la estructura tributaria en busca de un incentivo a la producción. "El titular de la AFIP coincidió en la gran mayoría de los aspectos que se le plantearon y mostró su predisposición para resolverlos gradualmente", dice el comunicado de la UIA. Además, Abad señaló que muchos de los temas analizados requieren para su resolución tratamiento parlamentario. "Se viene una etapa de mucha discusión en el Congreso", les dijo.

Los industriales le pidieron al administrador que vuelvan a extender las facilidades de pago para las empresas, ya que hoy los plazos de pago son más extensos –por la caída de la actividad y la necesidad de retener clientes– y deben pagarse los impuestos mucho tiempo antes de cobrar sus ventas. Abad dijo que antes había muchas facilidades que permitieron que ingresen contribuyentes sólo para financiarse con el Estado y que había que hacer un corte. De todos modos, adelantó que estudian un sistema de scoring para evaluar a los contribuyentes y otorgar mayores planes a quienes tengan un mejor cumplimiento tributario. Desde la UIA se le planteó que "el momento para ayudar a las empresas es ahora", cuando están más complicadas.

Sin ajuste por inflación

Sobre el ajuste por inflación, el funcionario les dijo que se lo "saquen de la cabeza", ya que "es muy bueno para el que tiene activos pero muy malo para el que tiene deudas". "Hay que esperar a que baje la inflación", agregó. Con respecto a ingresos brutos, sostuvo que es de competencia provincial, que es distorsivo pero que deberá ser discutido en el marco de una nueva Ley de Coparticipación Federal.

Sobre el impuesto a las Ganancias, reconoció que la alícuota para los sueldos bajos es muy alta, pero dijo que en todos los países los trabajadores pagan ese tributo. La UIA le planteó que fue positivo el aumento del mínimo no imponible, pero recordó la necesidad de actualizar las escalas y los mínimos, definir un coeficiente de ajuste automático e incorporar deducciones adicionales, como por ejemplo los alquileres.

Abad admitió también que Ganancia Mínima Presunta y el impuesto al Cheque son distorsivos, pero aclaró que cambios en estos gravámenes deben pasar por el Congreso.