Por: Pablo Wende - Varios funcionarios del PRO habían manifestado en los últimos años su idea contraria a que el Estado mantenga presencia en empresas privadas, tal como sucede con las participaciones de ANSES en varias compañías líderes que cotizan en Bolsa. Y aunque se trate de un tema muy complejo para avanzar desde el punto de vista político, la idea central ya está delineada. Básicamente pasaría por vender estas participaciones y utilizar el producido de esa desinversión para pagar otra deuda, en este caso interna: los cientos de miles de juicios ganados por jubilados en los últimos años, que el organismo previsional cumple sólo a cuentagotas.

El Presupuesto 2016 prevé que ANSES pagará unos $ 12.500 millones este año, que alcanzarían para alrededor de 50.000 sentencias. El problema es que todavía hay más de 300.000 juicios en danza que terminarán casi en su totalidad con fallos favorables de la Justicia. Se trata en la mayor parte de los casos de causas por haberes mal liquidados a partir de la crisis 2001-2002. Sucede que en los primeros años post-crisis el Gobierno sólo aumentaba las mínimas, pero miles de jubilados no tuvieron incrementos, lo que motivó una verdadera industrial del juicio.

El plan del Gobierno de Mauricio Macri busca subsanar dos cuestiones simultáneas: dejar detener participación en empresas privadas, lo cual no tendría razón de ser en la ideología de la actual administración, y al mismo tiempo cumplir con juicios que tarde o temprano habrá que pagar. Si bien se trata de un tema complicado para plantear desde el punto de vista político, el fin que se persigue volvería más razonable la decisión.

Fuentes del Gobierno consultadas por este diario confirmaron que existe la iniciativa y que cuenta con el visto bueno de las máximas autoridades, pero que será encarada en forma inmediata. El motivo es que en octubre del año pasado, a pocas semanas de las elecciones presidenciales, el congreso aprobó una ley que creó la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE). El objetivo de la misma es coordinar la participación que tiene el Estado en compañías privadas. Pero lo más importante es que al tratarse de una ley esta agencia sólo puede ser disuelta por el voto legislativo.

La ANSES heredó las participaciones en empresas que poseían los fondos de pensión, que fueron disueltos en 2008. A partir de allí se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde se mantienen las tenencias que las AFJP mantenían en aquel momento, incluyendo plazos fijos, bonos y presencia en 46 empresas cotizantes. El organismo previsional participa con importantes porcentajes (superiores al 20% en muchos casos) en Banco Macro, Consultatio, Siderar, Grupo Financiero Galicia, Telecom y Grupo Clarín, por sólo mencionar algunos casos.

Problemas técnicos impedían acceder a la página de ANSES el fin de semana, pero la información a octubre (al momento de aprobarse el proyecto de ley) indicaba que el Estado a través del FGS posee un total valuado en $ 52.000 millones en este grupo de empresas. Tras la suba que hubo en los últimos meses en el mercado accionario, es probable que ese patrimonio esté valuado en cerca de $ 65.000 millones en la actualidad.