Por Verónica Dalto - A medida que vencen los contratos a futuro baratos que vendió el Banco Central (BCRA) durante la gestión anterior, los privados se van animando a iniciar demandas, y la justicia a dictar embargos, contra Rofex y Argentina Clearing (ACSA). A fines del año pasado esas empresas recortaron el precio de los futuros tras reunirse con autoridades del nuevo gobierno.

Ayer se conoció que la Justicia dictó un embargo a favor Arimex Importadora por $ 54 millones. "Habíamos pedido que el embargo fuera sobre cuentas bancarias de Rofex, pero en vez de estas cuentas, Rofex ofreció un fondo de $ 100 millones. Pero si siguen los embargos, habrá que ver hasta dónde llega", explicó el abogado Alberto Romano sobre la modificatoria que llevará a trabar fondos sobre títulos públicos, al portal ON24 de Rosario.

El 13 de abril, el juez había dictado embargo a favor de la empresa de tecnología Dinatech y otras tres firmas con las que se presentó conjuntamente por unos $ 40 millones.

En forma similar, en el caso de Diego Hernández (por alrededor de $ 1 millón), el embargo está pedido en subsidio y el juez lo ordenó, aunque todavía no se trabó. Y en el caso de la cerealera Molinos Benvenuto (por alrededor de $ 1,5 millón), el embargo está ordenado y resta despacharlo, según informó el abogado Sebastián Farina, del estudio Farina y Asociados.

El juez sí trabó embargo a favor del operador de turismo Free Way por unos $ 3 millones, que están depositados en el Banco Municipal de Rosario.

Según estimó Farina, "hay reclamos que hoy en día están judicializados que superan los $ 200 millones". Las demandas se encuentran concentradas en el juzgado de Ivan Kvasina, en el Distrito en lo Civil y Comercial Nº 5 de Rosario.

Rofex dijo ayer en un comunicado que el embargo de Arimex, por una cuestión de índole procesal en el Código de Procedimientos de la provincia de Santa Fe, "curiosamente resulta procedente con el sólo requisito de presentar una contracautela". Y agregó que "el juez limitó el embargo a fondos y/o bienes que conforman el Fondo de garantía de Rofex y ACSA de manera de que no se afecte y/o se generen eventuales perjuicios al funcionamiento normal del mercado".

Por cada pedido de embargo, Rofex solicita que los embargos sean trabados sobre los fondos en garantía, que según su último balance publicado, al 31 de enero de este año, asciende a unos $ 68,2 millones.

En la respuesta al pedido de embargo de Benvenuto, Rofex había reconocido que las diferencias sujetas a eventuales reclamos de similar tenor ascenderían a $ 11.085,7 mil millones.

Esa contingencia supera holgadamente las posibilidades de Rofex. En el balance a enero pasado informa tener un patrimonio de $ 339,9 millones.

En la respuesta a Benvenuto, Rofex había recalcado, respecto de "la presente causa y otras similares acumuladas ante" el juzgado, que "el embargo ordenado puede provocar el perjuicio irreparable a empleados, proveedores y fundamentalmente los participantes del mercado y la economía en general", ya que "sería el BCRA y no Rofex-ACSA quien debería hacer frente al pago de las diferencias a la actora en el hipotético e improbable caso en que se entendiera en un eventual litigio sobre el fondo de la cuestión que la Resolución de nuestras mandantes y la resolución aprobatoria de la CNV no son válidas".

Los abogados litigan contra Rofex y ACSA, y no contra el BCRA, porque el ajuste de precio se realizó por resolución del mercado. A pesar de que en el acta de directorio de Rofex del 14 de diciembre pasado, su presidente, Luis Herrera, contó que después de haber asistido a varias reuniones con las nuevas autoridades del BCRA, el domingo 13 de diciembre asistió junto con el gerente General de Rofex, Diego Fernández, al ministerio de Economía a cargo de las nuevas autoridades.

En esa reunión de cuatro horas para reanudar las operaciones que estaban interrumpidas participaron Mario Quintana, asesor de Jefatura de Gabinete y cuyas empresas había comprado futuros de dólar, y Luis Caputo, secretario de Finanzas.

"Las autoridades del BCRA hicieron saber que si bien acuerdan en que es correcto considerar que las operaciones de futuros de dólar efectuadas en los últimos meses son legales, sostienen que los precios concertados no era verdaderos precios de mercado. En este entendimiento, las autoridades manifestaron que es intención del BCRA realizar el pago de las operaciones concertadas, pero que en tal caso resulta necesario revisar los precios al cual se concertaron las operaciones en las cuales se encuentra involucrado el BCRA, atento a que los mismos no muestran una total concordancia con lo precios de otros activos comparables", dice el acta 10 del ejercicio 17.

Por ahora, la Justicia dictó embargos, pero rechazó suspender la comunicación 657 que declaraba la emergencia y corregía el precio original de los contratos adicionando $ 1,25 a los abiertos entre el 30 de septiembre y 27 de octubre y $ 1,75 para los abiertos desde el 28 de octubre.

En tanto, "a la fecha no hay iniciadas demandas sobre el fondo en cuestión, aunque sí se presentaron dos demandas de amparo que se espera que el juez las resuelva en los próximos días", afirmó Rofex.