Por: Carlos Burgueño - El Ministerio de Hacienda completará hoy la primera semana de salida del default con una certeza importante: a cinco días hábiles de haber pagado a los fondos buitre, aún no apareció ningún acreedor que haya aceptado los canjes de 2005 y 2010 que reniegue del acuerdo. El dato, según lo ven Alfonso Prat Gay y el resto de los funcionarios del ministerio que intervinieron en la negociación, es además de una buena noticia un síntoma importante. Implica que no había fondos agazapados esperando que se firmara el acuerdo y que, de haber futuras presentaciones, la ingeniería judicial que deberá incluir no será simple y dependerá de una intervención costosísima de abogados que, hasta ahora, no habrían encontrado las argucias legales para poder avanzar. De movida, saben los acreedores que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010, que Thomas Griesa no les dará la razón y que dejará en firme el acuerdo negociado en el bufete de Daniel Pollack. Esto los obligará a que eventualmente deban recurrir a la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde en general es extremadamente difícil que se de vuelta un fallo de primera instancia. Más en un juicio de largo alcance como el que comenzó a terminar el viernes de la semana pasada. 

Lo único que se registró hasta el martes fueron presentaciones de fondos buitre y acreedores, que estando en default desde 2001 no aceptaron ni los canjes de 2005 y 2010, como tampoco la propuesta del Gobierno de Mauricio Macri y recurren a una quimérica reacción en contra de Griesa. Los identificados en esta situación son el fondo de Muhammad Ladjevardian, el Greylock y el denominado "Grupo Varela" integrado por 13 argentinos. Para estos casos, que sumarían no más de u$s 1.000 millones, el Gobierno ofrece a través del "special master" la alternativa de recibirlos en el bufete de Pollack y ofrecerles las mismas condiciones que los fondos buitre Elliott, Aurelius, Olifant y el resto de los acreedores. Tal como adelantó ayer este diario, la idea oficial es sostener indefinidamente la propuesta, y cerrar la mayor cantidad de casos posibles, incluyendo los que no aceptaron la oferta final. En el caso de Ladjevardian, el lunes se presentó un escrito ante Griesa donde buscaba obtener el cobro de u$s 56 millones, con bonos comprados a fines de los 90 por unos u$s 13 millones y que rechazaron aceptar los canjes de 2005 y 2010. Contra la opinión de los abogados de la República Argentina y diversas manifestaciones del propio juez Thomas Griesa y de la Cámara de Apelaciones, este demandante alegó que, basado en la aplicación de la cláusula pari passu, debía recibir un tratamiento similar al que recibieron otros grupos de acreedores y solicitan el embargo de los fondos derivados de la colocación de títulos públicos realizada por la República Argentina la semana pasada.