Por Martín Kanenguiser - La cantidad de empleados de la administración pública nacional creció un 61% entre 2003 y 2015, con un porcentaje constante de contratados. Así surge de un estudio conjunto de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), presentado ayer.

El "GPS del Estado" -como llamaron al informe-, que permite observar la evolución de la situación del gasto público de los últimos 12 años en base a datos oficiales, demuestra que el año pasado se gastó la misma cantidad de dinero en salarios que en el pago de intereses de la deuda, pese al constante discurso kirchnerista de "desendeudamiento" y al default.

Entre 2003 y junio de 2015 -último dato oficial disponible- la dotación de la administración nacional pasó de 484.000 a 779.000 empleados públicos, con un incremento de 295.000 personas, o un 61%. A esa plantilla, se suman los contratados en las universidades, según los investigadores de ambas instituciones que presentaron el informe ante el periodismo.

"Hay un estado mucho más grande que hace 15 años", señaló Gonzalo Dieguez,director del Programa de Gestión Pública del Cippec y uno de los encargados del trabajo.

Tras compilar datos durante dos años, las entidades presentaron esta información, que está disponible en la web, en la que destacaron que la mayor parte del incremento del personal y del gasto público fue a parar a las empresas públicas creadas desde 2003. La cantidad de compañías en manos del Estado nacional pasó de 45 a 53.

En términos de recursos humanos, en la administración central el empleo creció un 46%, con 103.644 nuevos trabajadores; en los organismos descentralizados, subió un 42%, con 97.270 trabajadores más. Y en las empresas públicas, el 348,8%, con 93.540 más. El crecimiento de la planta de empleados en este sector se explica básicamente por el personal del Correo Argentino (17.000 empleados), AySA (6000), Aerolíneas Argentinas (10.700), YPF 22.000 y Nuevos Ferrocarriles Argentinos (otros 22.000).

En cuanto a los tres poderes del Estado nacional, en el Poder Ejecutivo creció el 44,7% (87.182 personas); en el Legislativo, el 56,9% (5468 personas), y en el Judicial, el 52,9% (10.994). Del total de nuevos empleados, la mayor parte fue para las empresas públicas, con el 32%, frente al 16% que fueron empleados en seguridad y defensa, y solamente un 10% en educación e investigación.

El 30% de los empleados públicos en el sector público nacional está bajo la modalidad de contratados, un porcentaje que se mantuvo estable desde 2003 y que encierra un alto grado de precarización laboral; en los organismos descentralizados, ese porcentaje de precarización llega al 45%.

Siempre según el informe ASAP-Cippec, en 2003 había 195 organismos públicos en la estructura del Estado y se pasó a 261 doce años después. En el mismo período, se crearon 20 universidades nacionales, aunque no todas están en funcionamiento. En estas casas de estudio, el personal no docente creció el 36% frente, al 12% que se expandió el personal docente.

En términos del gasto efectivamente realizado, en 2015 se pagó lo mismo en salarios que en intereses de la deuda pública: la cifra en este rubro fue de $ 109.000 millones el año pasado.

El informe también destaca que el año pasado, el 77% de los directores nacionales y generales de la administración nacional estaban designados en forma "transitoria", mientras que el 95% fueron nombrados exceptuando los requisitos profesionales necesarios para sus respectivos cargos.

Para el presidente de ASAP, Rafael Flores, esa doble condición de transitoriedad e incumplimiento de los requisitos necesarios configuraron "una fragilidad enorme de esos funcionarios ante el poder político".

Más allá del crecimiento en la nómina de personal, los directivos que presentaron el informe señalaron que en 2015 las transferencias (jubilaciones y pensiones de provincias, subsidios a empresas públicas y privadas, universidades y giros a las provincias por fuera de la coparticipación) representaron el 73,9% del gasto (1.059.102 millones sobre 1.431.224 millones).

"Tenemos la costumbre de discutir cosas en abstracto, sin tener la menor información al respecto", apuntó Diéguez, quien abogó por contar con "información pública transparente" para terminar con los "mitos urbanos" y los "lugares comunes".