A partir del 1 de enero de 2017 la Argentina comenzará a intercambiar información fiscal de manera automática con unos 50 países en el marco un convenio firmado con la OCDE, algunos de ellos considerados aún paraísos fiscales, lo que pondría bajo el control de la AFIP a argentinos que tienen cuenta offshore en los distritos que aceptan cooperar en la fiscalización tributaria. En el mundo, el negocio off shore, que hoy se estima en u$s 3.500 billones, será cada vez menos negocio, y los expertos en el tema esperan que, a la par, el Gobierno de Mauricio Macri implemente un blanqueo general antes de fin de año, que permita una transición al cambio en la reglas. 

La economía mundial avanza hacia la transparencia fiscal y por esto hay 50 países que firmaron un acuerdo en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en esta realidad mundial los argentinos que tienen posiciones en jurisdicciones fiscales offshore o paraísos fiscales deberán adecuarse a un nuevo contexto. Muchos de estos argentinos esperan la formalización de un blanqueo general que les permita ponerse al día con la exigencias fiscales del organismo recaudador que maneja Alberto Abad. "Hay 25 países que han utilizado esta herramienta del blanqueo desde la crisis de 2008. Se trata de un mundo que va hacia un blanqueo global, con lo que una ley seria que permita a muchos argentinos que paguen un tributo y puedan exteriorizarlo sería muy importante" explica el analista Zenón Biagosch. Entre los firmantes del acuerdo internacional que entra en vigencia el año próximo -algunos lo harán en 2018-, se encuentran países como Barbados, Colombia, Corea, India, Islandia, Mauricio, México, San Marino, Seychelles, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Islas Feroe, Guernesey, Isla de Man y Jersey y los territorios británicos de ultramar Anguila, Bermuda, Gibraltar, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y Montserrat. 

Muchos de ellos son considerados hasta ahora como paraísos fiscales y alguno, como Bermudas, realiza esfuerzos desde hace casi 20 años para evitar esa categorización negativa y se presenta como "jurisdicción fiscal offshore" porque controla y exige la identificación de hasta el último beneficiario de cada sociedad que acepta inscribir en sus registros. Bermudas también requiere que estas sociedades no tengan deudas fiscales en sus respectivos países de origen.

Este esfuerzo de países en pos de la transparencia fiscal tiene origen en las consecuencias que dejó la crisis y recesión mundial que comenzó en 2009 y de la que el mundo aún no terminó de recuperarse, sobre todo en Europa. Esto es, los gobiernos afectados por la crisis, en especial Europa, empezaron a presionar sobre el tema para paliar los abultados déficit fiscales, y apuntaron contra el negocio de elusión fiscal de las multinacionales conocedoras de todos los rincones offshore del planeta y que aprovechan al máximo las asimetrías fiscales en los distintos países. 

En cuanto a lo que representa la torta de la elusión mundial, hay distintas mediciones que tienen sus bemoles, debido a que son cifras estimadas de datos ocultos, pero Tax Justice sostiene que el flujo de evasión global alcanza los u$s 3.500 billones (5% del PBI mundial), y que el stock acumulado de activos financieros no declarados y administrados en paraísos fiscales asciende al 40% del PBI mundial.

"A partir de esa crisis, comenzó un cambio de paradigma hacia la transparencia internacional, para buscar terminar con la opacidad de información de un sistema internacional que perduró por más de un siglo" explica la especialista en tributación, Sandra Corvalán. El problema de los BEPS, siglas en inglés de la Erosión de Bases fiscales y el Traslado de Beneficios a paraísos fiscales, logró ser debatido en la esfera de las reuniones del G20, foro que encomendó a la OCDE una solución técnica del tema, que comenzó a tomar cuerpo a partir de 2013.