La idea de los administradores del fondo es ganar flexibilidad a la hora de manejar la cartera de acciones. Pero hoy también evalúan vender los fideicomisos que financian proyectos de energía en oferta pública si fuera necesario.

El Ejecutivo pide que se modifique la ley 27181 que establece que para vender las acciones que el Estado tiene en unas 36 empresas privadas, producto de la estatización de las AFJP, se requiere de una autorización especial del Congreso, con una mayoría de dos tercios en cada Cámara.

Considera que es una especie de cepo sobre esas acciones montado por la administración anterior.

Y entiende que, como cualquier portfolio manager privado, el administrador del FGS necesita libertad para invertir de la manera más conveniente.

Tanto el director ejecutivo de Anses, Emilio Basavilbaso, como el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay dijeron que no será necesario vender acciones en el corto plazo, porque Anses recibirá el aporte de los fondos que ingresen a través del blanqueo de capitales.

Pero Basavilbaso no descartó que tenga que vender acciones dentro de tres años, cuando se termine de regularizar el pago a los jubilados: “Creemos que con el dinero que gane el FGS, que además todo lo que gane el FGS se va a aplicar para pagar los juicios, más el dinero que nos pase el Tesoro, del blanqueo, vamos a poder pagar todos los juicios. Si no nos alcanzara, que puede suceder de acá a tres años, la ley permite vender acciones para compensar ese déficit. Tres años es una cuenta que tenemos estimativa, pero no necesariamente nos obliga a vender las acciones ahora”, dijo en una entrevista a Radio Continental.

Hoy las restricciones son para vender acciones (un 13% del FGS al 31 de marzo). Pero, según supo este diario, Anses también podría vender fideicomisos, que carecen de restricciones para su venta, que financian proyectos productivos (un 12,3% al mismo período) si fuera conveniente.

Los proyectos productivos incluyen las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y Timbúes y Pilar, las centrales energéticas Enarsa Barragán y Brigadier López, Atucha II, entre otros, que se financiaron con fondos del FGS y ahora están generando cupones de renta y deuda. “Es una decisión de momento de la cartera para generar liquidez adicional”, explicaron. Se trata de títulos muy rentables que podrían venderse mediante oferta pública.

Según el informe presentado al Congreso, al primer trimestre, el FGS ascendía a $ 719.708 millones y había crecido un 36,3% anual. Pero el costo fiscal del programa es de entre 47.000 millones y 55.000 millones de pesos para el pago de retroactivos, $ 75.000 millones anuales para el ajuste de las jubilaciones de 2,3 millones de potenciales beneficiarios y $ 2.000 millones anuales para actualizar los haberes de los nuevos jubilados. Anses debe agregar unos $ 21.000 millones por la devolución a las provincias y al Tesoro nacional de 3 puntos porcentuales de los 15 que percibía de coparticipación.

Diego Bossio, ex director ejecutivo de Anses y hoy diputado del bloque justicialista, anticipó el viernes que no va a votar el capítulo que modifica la norma que blinda la venta de acciones. “No hay que olvidarse que en la Argentina se vendió YPF para pagar a los jubilados”, dijo. Según su interpretación, las acciones en empresas privadas “es el mejor activo” que tiene la seguridad social y remarcó que durante gran parte de su gestión “no se hizo uso de las utilidades”.

La gestión anterior defiende haber reinvertido el flujo de renta y de capital, aunque se hiciera en bonos que financiaban el gasto público (63,3% de la cartera). “Están empezando a gastarse el fondo. El FGS estaba bien invertido”, dijo una fuente de la administración anterior, quien subrayó que la dolarización de la cartera aumentó desde el 14,3% en 2008 a 36% el 31 de marzo de este año.

Pero entienden que Anses podría ganar flexibilidad si el programa se paga en cuotas y la velocidad de resolución de los casos no es muy rápida.