Aunque no se anunció de manera oficial, distintas fuentes confirmaron que se habría llegado a un principio de acuerdo en la larga disputa que la multinacional estadounidense Monsanto mantiene desde abril con el Gobierno, por el cobro de regalías a la soja Intacta, desarrollada por la compañía. Según un cable de la agencia Bloomberg, en base a datos aportados por fuentes cercanas a las negociaciones, la multinacional acordó ceder al Gobierno el control total de las pruebas de las cargas de soja, genéticamente modificadas. Se supo también que será el Instituto Argentino de Semillas (Inase) el que se encargará de supervisar la detección de los cultivos de la soja Intacta.

El acuerdo, en principio, no sólo puede entenderse como una victoria del gobierno nacional en su política de imponerse como fiscalizador por sobre cualquier compañía privada, por más poderosa que sea, sino también como un guiño a la multinacional en su afán de asegurar el cobro por el uso de sus patentes/tecnologías.

En virtud del convenio que aún debe ser anunciado oficialmente, el Inase delegará las pruebas en varios intermediarios de grano, sobre todo en la Bolsa de Cereales de Rosario, según Bloomberg. De todos modos, entre los detalles de la negociación aún no se llegó a un acuerdo sobre la rapidez del proceso de pruebas que demuestren la utilización sin permiso de la semilla Intacta, algo que preocupa a la compañía. “Monsanto mantiene su compromiso de diálogo con el gobierno a fin de encontrar una solución mutuamente aceptable”, había dicho la compañía el miércoles de la semana pasada.

La situación de enfrentamiento con el Gobierno comenzó a mediados de abril luego de que el Ministerio de Agroindustria, que dirige Ricardo Buryaile, confirmara la decisión de que los sistemas de controles de los granos deben estar autorizados por el Estado, y dejara sin efecto el cobro de regalías a los productores, que aplicaba Monsanto.

A partir de allí, hasta el CEO de la multinacional, Brett Begemann, reaccionó destacando en un comunicado que “a pesar de que el gobierno argentino reconoció estar comprometido a apoyar un entorno propicio para la inversión, a través del reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, las recientes acciones no son coherentes con esa posición”. Producto de esta decisión, Monsanto decidió no vender nuevas tecnologías en el país, por lo menos hasta la segunda mitad del año. La compañía emplea de forma directa en el país a unas 1000 personas.

En ausencia del ministro Buryaile, de viaje en China donde encabeza la delegación argentina en la Cumbre de Ministros de Agricultura del G20, las reuniones estuvieron lideradas por Gustavo Lopetegui, coordinador del equipo económico del Gobierno, y los principales ejecutivos de Monsanto como Juan Farinati, Presidente de Monsanto Argentina y Fernando Giannoni, director de Asuntos Corporativos de América del Sur.

El propio Buryaile resaltó ayer desde Beijing, que “la fiscalización es una potestad estatal, más allá de los convenios privados” y reiteró que “el no pago de semillas, que debe ser condenado y sancionado, no puede ser subsanado con otra ilegalidad”. Con 72% de su actual temporada de soja cosechada, se espera que el país produzca 56 millones de toneladas métricas en esta temporada.