Por: Carlos Burgueño -  "El blanqueo impositivo sólo perdonará deudas impositivas. Los delitos penales, el lavado de dinero, el intento de blanquear dólares provenientes de la corrupción o cualquier otro motivo continuarán firmes y no serán perdonados". Un alto funcionario despejaba con esta frase los temores que surgieron sobre el eventual aprovechamiento que del blanqueo podrían hacer quienes no sólo evadieron impuestos, sino que además protagonizaron delitos más graves. Según la fuente, quedó redactado de una manera clara que sólo se perdona la falta de pagos de impuestos. Y si luego se comprueba a través de investigaciones del Poder Ejecutivo o del Judicial que el dinero proviene de los sobreprecios, la corrupción, el tráfico de armas, el narcotráfico, el tráfico de personas o cualquier otro delito de alto impacto las penas que se apliquen quedarán firmes y automáticamente se cobrarán los impuestos que fueron perdonados. 

Éste es uno de los argumentos del oficialismo para defender la decisión de incluir en la reducción a gobernadores, intendentes, legisladores y jueces; más allá de aceptar, a pedido irreductible de Elisa Carrió, la exclusión de los funcionarios públicos. La explicación de la fuente es clara: "Si alguno de la familia Báez, por ejemplo, blanquea dólares y luego se detecta que ese dinero proviene del lavado de dinero o cualquier otro delito, esos dólares quedarán a merced de la aplicación de todas las penas que correspondan". El funcionario del Gobierno de Mauricio Macri insiste: "Sólo se extinguen delitos impositivos y tributarios". 

Otro dato clave en este capítulo del blanqueo es que en este llamado, a diferencia de los que impulsaba el kirchnerismo, el responsable de encontrar estos delitos no serán los privados, sino el propio Estado y el Poder Judicial. En otras palabras, los bancos a través de donde se concrete el blanqueo y la eventual llegada de dólares sólo deberán cumplir con la legislación y normas vigentes y no serán responsables de los controles sobre el origen y los movimientos de las divisas declaradas. La diferencia es esencial en comparación con el último blanqueo impulsado por el kirchnerismo, donde los propios bancos debían hacerse cargo si los que adherían a los CEDIN o los BAADE traían sus dólares desde actividades ilícitas o lavado de dinero. Además de tener que informar cada una de estas operaciones y ser responsables penalmente de las eventuales ilegalidades. Esa obligación hizo que muchos bancos directamente dejaran de promocionar el instrumento, más para cubrirse de eventuales acusaciones del Gobierno de entonces, muy dispuesto a culpar al sistema financiero privado de eventuales delitos. Finalmente, las operaciones de CEDIN y BAADE terminaron siendo movimientos casi exclusivos de bancos públicos, fundamentalmente el Nación. "Si no contamos con los bancos privados, en especial las grandes entidades del exterior con sucursales y buena presencia en el país, las posibilidades de éxito del blanqueo disminuyen. Además es tarea del Estado investigar delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero", afirmaba la fuente.