Los diputados del interbloque Cambiemos y de la oposición acordaron ayer reformar el artículo que prevé la imposición de penas a quienes difundan información las personas que ingresen en el blanqueo de capitales, previsto en el proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, y negociaban la restricción de venta de las acciones de empresas privadas en poder de la Anses.

Las negociaciones para acordar el proyecto que establece el pago a jubilados, que se solventará con el blanqueo de capitales y el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, se realizan en forma paralela al plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, que ayer recibió a especialistas en temas tributarios y previsionales. En la reunión conducida por el sindicalista massista Héctor Daer y el macrista Luciano Laspina, expusieron los titulares de la CTA, Hugo Yasky; el defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino; el presidente del Colegio de Ciencias Económicas, Humberto Bertazza; y el exdiputado radical K y especialista tributario Eduardo Santín, entre otros.

Por lo pronto, el oficialismo adelantó que se modificará el artículo 85 que establecía penas para quienes difundan información de las personas que accedan al blanqueo de capital que fue objetado por la oposición y por FOPEA por considerar que afecta la libertad de expresión. Al empezar el plenario de comisiones, el diputado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, anticipó que se modificará ese artículo y señaló que "ningún periodista ha sido condenado por revelar datos tributarios", dado que esta "norma está vigente desde 1987".

De todos modos, el eje de la discusión está centrado en el artículo que habilita la venta de acciones que el Estado tiene en empresas privadas dado que la oposición rechaza autorizar al Gobierno a liquidar esos activos que forman parte del Fondo de Garantía Sustentable. Fuentes del oficialismo señalaron que "el levantamiento del cepo para vender las acciones no se negocia pero sí se puede acordar con la oposición los porcentajes de las acciones que se pueden liquidar".

En ese sentido, Laspina dijo que "es un proyecto complejo y extenso, pero probablemente entre mañana (por hoy) y el jueves se llegue a un consenso para tener dictámenes y votarlos en comisión" y pidió no hacer una discusión "ideológica" sobre la venta de las acciones porque se debe "analizar lo que más le conviene al Estado".

Otro punto que ya está consensuado entre el oficialismo y la oposición es prohibir que entren al blanqueo los legisladores o jueces, que se sumarán a los funcionarios nacionales que ya habían sido excluidos.

En tanto, al exponer en el plenario de comisiones de Previsión y Presupuesto de Diputados, Semino destacó la necesidad de actualizar la jubilación mínima y consideró que "el blanqueo y la venta de acciones son anexos, y tienen que ver más con cuestiones macroeconómicas que con la seguridad social, sin descalificarlo".

En tanto, Bertazza dijo que "es un proyecto positivo porque a partir de 2017 habrá un sistema de intercambio de información automática a nivel internacional por lo cual es aconsejable este sistema de regulación de activos no declarados".