Hubo frenéticas y herméticas negociaciones ayer en Diputados para definir el texto final de la ley ómnibus enviada por el Poder Ejecutivo Nacional para habilitar un nuevo blanqueo de capitales, pago de sentencias a jubilados, moratoria/reforma impositiva y hasta un acuerdo para la restitución de fondos de la coparticipación a las provincias. Sin votos propios para garantizar la aprobación de ese paquete, el oficialismo Cambiemos debió atender los cambios reclamados, en especial, por el Frente Renovador de Sergio Massa.Los bloques peronistas, incluidos el Frente para la Victoria y el Bloque Justicialista de Diego Bossio, mantenían la resistencia a autorizar la venta de acciones de empresas privadas que la ANSES tiene en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El oficialismo, vía Luciano Laspina y Miguel Bazze, contraofertaba limitar y fijar condiciones específicas para poder desprenderse de esos activos. 

También faltaba definir a partir de qué monto de dinero repatriado se cobrará la penalización del 10%. El massismo reclamaba que se eleve el piso de $ 800 mil para estar excluido de esa penalidad. 

El texto sufriría cambios por pedido de la oposición: entre ellos, se cambiarán los topes de los porcentajes de inversión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que hoy cuenta con 770 mil millones de pesos, y que será destinado a pagar la deuda histórica con los jubilados. Hoy se firmaría el dictamen y el proyecto se votaría el miércoles próximo en el recinto de Diputados.