Por: Carlos Burgueño - En un año, los agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tendrán acceso directo a la información financiera y bancaria de todos los contribuyentes nacionales (grandes, medianos y pequeños) en 55 países. Y en dos años, en 46 países más. Esto quiere decir, que en las computadoras de los funcionarios que maneja hoy Alberto Abad, se podrá ver si una persona, empresa o simple sociedad registrada para el fisco argentino, tiene dinero en cualquier divisa depositado en bancos o entidades financieras de estos países; tanto a la vista como a plazos. También si en estos mercados hay opciones a fondos de inversión u otra inversión similar. Pero además, si el agente de la AFIP lo requiere, puede comunicarse con un colega del organismo recaudador de estos estados para requerirle que le envíe la información impositiva de esa persona, empresa o sociedad en ese sistema tributario. Esto es, si está registrado como contribuyente y si mantiene bienes inmuebles, muebles, autos, aeronaves, barcos, obras de arte o cualquier otra tenencia que según las obligaciones tributarias de cada país. Luego, estos datos podrán ser utilizados dentro de la Argentina para acusar a un contribuyente de evasión y si supera el millón de pesos presentarle una causa en los tribunales penal tributario. 

Todo esto será posible para la AFIP cuando desde el 2017 comience a aplicarse el Acuerdo sobre Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); que 101 estados firmaron en Berlín, Alemania, en octubre de 2014, con la idea de terminar, al menos en parte, con los paraísos fiscales y la evasión tributaria vía fuga de divisas. Se trata además del principal argumento que utilizará el Gobierno nacional para "convencer" a los argentinos y extranjeros residentes para que se sumen al blanqueo que, previa aprobación en el Congreso, se lanzaría en julio. Según el mensaje oficial, el que no se incorpore al llamado, y mantenga sus divisas y bienes sin "exteriorizar", caerá en las redes de intercambio informático de los organismos de recaudación. El gran cambio es realidad, que hacia delante no habrá necesidad de intervención de la Justicia para el pedido de datos (hasta diciembre de este año esta acción sólo se podía ejecutar a través del contacto entre dos jueces de dos jurisdicciones), sino que un simple llamado entre agentes de impuestos podrá permitir descubrir la situación impositiva de un contribuyente.