En una sesión maratónica que duró casi 17 horas, el proyecto de ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y de blanqueo de capitales se aprobó con 162 votos positivos, 76 negativos y tres abstenciones que correspondieron a los representantes de Libres del Sur.

La iniciativa promueve el pago de sentencias y reajustes por haberes mal liquidados a los jubilados, que según lo sostenido por el Gobierno será financiado con los fondos que ingresen por el blanqueo de capitales, la creación de la pensión universal para la vejez.

Además, ratifica el acuerdo firmado con las provincias para la devolución del 15% de la coparticipación que desde 1992 se retenía para financiar el sistema previsional.

En el inicio del debate, el massista y presidente de la comisión de Previsión Social, Héctor Daer, pidió "no retroceder a la noche negra de las AFJP" e insistió en "dejar bien en claro en este recinto y comprometernos todos a (ir hacia) un sistema universal, solidario, sustentable, público y de reparto".

Por su parte, el macrista Luciano Laspina, titular de la comisión de Presupuesto, defendió el proyecto de pago a los jubilados y destacó "la necesidad de sancionar esta ley para reparar una deuda histórica con más de 2,5 millones de jubilados".

Asimismo, sostuvo que se trata de "una decisión valiente del presidente Mauricio Macri, de estricta justicia, que pone a nuestro sistema previsional conforme a derecho" y aseguró que "construye sobre lo hecho y no viene a dinamitar ninguna de las mejoras que se dieron en los últimos años en el sistema previsional, que tiene una alta cobertura a partir de los esfuerzos para subir la jubilación mínima".

Diferente fue la opinión del ex ministro de Economía Axel Kicillof (FpV), quien advirtió que el megaproyecto "es invotable" y aseguró que "no se necesita ley" para realizar los cambios que se proponen.

"Hay en esto un hecho que para mí es grave, bajo la idea que esto viene a reparar la situación de los jubilados se ha generado una expectativa para los 6,7 millones de jubilados que bajo esta ley van a tener una mejora. Y no es así", sostuvo el legislador al exponer sobre el dictamen de minoría firmado por su bancada.

Diego Bossio (bloque Justicialista) pidió sin éxito que se elimine el carácter de "emergencia previsional"que se le intenta otorgar a la ley y que se respeten, para el reajuste del haber inicial y la movilidad, los índices previstos por los fallos de la Corte, porque su incumplimiento puede derivar en nuevos juicios "dado que se perjudica al jubilado".

Marco Lavagna (Frente Renovador) transmitió que "nadie puede estar contento con un blanqueo de capitales con una moratoria", mientras que Mirta Tundis expresó que "lamentablemente no se le reconoce la deuda  a todos los jubilados, no es equitativo y sólo se le reconoce a un sector de ellos".

El misionero Maurice Closs, quien abandonó el FpV, decidió acompañar la propuesta del oficialismo amparándose en una cuestión de "gobernabilidad" y resaltó los beneficios que tiene la ley para las provincias "como la recomposición de sus cajas previsionales".

La jefa del GEN, Margarita Stolbizer, expresó que "terminamos votando una iniciativa buena, como es el pago a jubilados, pero que esconde una iniciativa mala, como es la del blanqueo".

La ley establece la declaración de la emergencia en litigiosidad previsional que permitirá al Ejecutivo firmar acuerdos con los jubilados para pagarle los juicios y también se prevé la actualización de los haberes.

Además, el proyecto del Ejecutivo impulsa la creación de la pensión a la vejez para mayores de 65 años, que se pagará con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

Como parte del acuerdo político, se incluyó un artículo que otorga un beneficio a los trabajadores de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias que no están alcanzados por Bienes Personales para que queden exceptuados del pago de Ganancias en el medio aguinaldo de junio.

También determina que las tenencias accionarias de la ANSES no deberán ser inferiores al 7%, entre los principales puntos.

La iniciativa también obliga a la Nación y a las provincias a buscar un punto de acuerdo para poner en pie de igualdad a todas las cajas previsionales y en este sentido se promueve una moratoria de 90 meses para pagar las deudas con un pago inicial del 10 por ciento del monto refinanciado o adeudado.