El Gobierno avanza en la decisión de pagar la deuda histórica con los jubilados que vieron licuados sus ingresos en los últimos años y entraron en juicio contra el Estado.

Con ese objetivo en la mira, el Ejecutivo determinó mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) emitir deuda por $ 76.000 millones, a fin de ampliar los gastos del Presupuesto Nacional previstos para este año para pagar las sentencias de los jubilados, según el proyecto de ley enviado al Congreso, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

El decreto 797/16 publicado ayer en el Boletín Oficial, que lleva la firma de la vicepresidenta Gabriela Michetti; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y de todos los ministros del Gobierno, habilita a tomar crédito interno por $ 76.000 millones para gastos figurativos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

"Resulta necesario incrementar el presupuesto del citado organismo a fin de atender los gastos previsionales", afirmó la norma en sus considerandos. También indicó que "a fin de evitar demoras en las acciones precedentemente referidas, resulta necesario disponer con urgencia las adecuaciones", porque remarcó que "la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución para la sanción de las leyes".

La decisión oficial está en línea con el objetivo de la ley de reparación histórica a jubilados y pensionados de la Argentina que se debate en el Senado, y que alcanzará a 2,4 millones de beneficiarios, de los cuales 60.000 ya tienen sentencia firme, 300.000 tienen acciones judiciales en proceso y más de 2 millones no iniciaron acción judicial ninguna, pero les asiste el derecho.

A principios de este mes, el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, había precisado que "desde el primer momento la principal financiación del programa son las ganancias que genera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), año a año, de $ 70.000 millones".

"El costo del proyecto es de $ 75.000 millones, y con el blanqueo [de capitales que también impulsa el Gobierno] ya se puede cubrir el resto" de las necesidades financieras para pagar la deuda del Estado con los jubilados, había precisado el director del organismo.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas dio a conocer anteayer los números de las cuentas públicas, que registraron en mayo un déficit de $ 23.993,6 millones, cuatro veces superior al que se produjo en igual mes del año pasado, resultado que la cartera económica adjudicó a los aumentos otorgados en asignaciones universales, jubilaciones y a las transferencias efectuadas para el pago de la obra pública, que se vio demorada a lo largo del primer cuatrimestre.