Por: Carlos Burgueño - La Argentina quiere que los bancos internacionales, especialmente los que tienen presencia en el país, colaboren con el blanqueo de capitales. La idea es que se comuniquen de una manera directa con los clientes nacionales que tienen cuentas en el exterior para que les "informen" sobre la existencia del llamado que anoche se aprobaba en el Senado y que, en lo posible, les "recuerden" que desde 2017 el dinero que esté depositado fuera de los países de origen y no esté declarado tendrá sanciones. Las entidades que colaboren no estarán obligadas a presionar a sus clientes a adherirse al llamado, como tampoco a imponer sanciones o a comunicar previamente la existencia de las cuentas al Gobierno del país donde esté radicada la cuenta. Pero sí comunicar la nueva legislación y el peligro en que incurrirían si el dinero no es declarado y posteriormente es detectado por las autoridades. 

La idea se basa en las recomendaciones que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) impulsó en su momento para poner en funcionamiento el Acuerdo sobre Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales, sobre el que se sostiene internacionalmente el llamado a blanquear los capitales ante la amenaza que desde 2017 y 2018 (dependiendo el país) los datos de los evasores puedan ser detectados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Según este acuerdo, no sólo los organismos encargados de la recaudación impositiva de cada país deben informar las actividades financieras de un ciudadano de otro Estado que haya también firmado el acuerdo, sino que las entidades bancarias también son responsables de dar la información requerida. Si bien el acuerdo no obliga a éstas a advertir a sus clientes, se sabe en Buenos Aires que en los recientes llamados a blanquear capitales que se impulsaron en Chile, México y España los bancos de diferentes sistemas financieros colaboraron con la advertencia. Incluso se menciona que en el caso de Suiza se hizo una advertencia sobre posibles cierres de cuentas si el dinero no se declaraba. 

La misma OCDE recomienda a las entidades colaboración y que les exijan a sus clientes una declaración jurada por la cual se asegure que el dinero es de origen lícito y que está declarado en sus lugares de origen. Es una manera de garantizarse no tener futuros problemas con los sistemas financieros y judiciales locales, que pueden comenzar a imponer sanciones a las entidades financieras por tener entre sus carteras de clientes dinero en negro en países de origen. En general, los juzgados locales no sancionan este tipo de delitos, pero sí les exigen a las entidades financieras que una vez llegado el pedido de informes desde la Justicia del país donde se investigue a una persona, los datos de cuentas e inversiones de esa persona sean enviados al magistrado que se los requiera. Normalmente, los bancos internacionales cumplen con estas órdenes, especialmente en los sistemas bancarios de los países desarrollados, pero únicamente con la intervención de un juez. En teoría, todo cambiaría desde 2017, cuando comience a aplicarse el acuerdo, cuando ya no será a través de un juez cuando se pida la información, sino directamente servirá un llamado entre los organismos de recaudación. 

En un año, los agentes de la AFIP que responden a Alberto Abad podrán tener los datos sobre si una persona, una empresa o una simple sociedad registrada para el fisco argentino tiene dinero en cualquier divisa depositado en bancos o entidades financieras de estos países, tanto a la vista como a plazos. También si en estos mercados hay opciones a fondos de inversión u otra inversión similar.