El Gobierno apelará hoy el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que declaró nulo el aumento de las tarifas de gas en todo el país y que sepultó la estrategia oficial de centralizar los amparos en el fuero contencioso administrativo federal porteño, con el que Cambiemos tiene buena sintonía. Pero esa sentencia que ordenó retrotraer el cuadro tarifario previo al tarifazo estaría, en principio, vigente hasta después de agosto. La Corte Suprema se prepara para comenzar a tratar los pedidos de "per saltum" del Ejecutivo previos al fallo del jueves pasado sin mirar el reloj del comienzo de la feria judicial de invierno. Un pedido de informes ampliado y la recomendación de hacer un llamado a audiencia pública darán una señal del camino al que apuntará el máximo tribunal, sin tiempos definidos para un fallo de fondo.

Todo estará supeditado a una reunión informal que mantendrán hoy Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Será una previa de la clásica reunión de Acuerdos de la Corte, prevista para mañana. Y será también la última antes del comienzo del receso. Desde la semana pasada, los intercambios informales entre los jueces -con diversas opiniones sobre cómo abordar la problemática- se intensificaron, y el denominador común de las posiciones radica en pedirle al Ejecutivo un informe mucho más amplio que el presentado por los dos pedidos de salto de instancia que fueron interpuestos para intentar eludir fallos adversos en las Cámaras de Apelaciones. De momento, se dejaría de lado el pedido de intervención por "competencia originaria" dado el conflicto de provincias enteras contra lo dispuesto por el Gobierno federal, algo que intentó la Procuración del Tesoro, para intentar conjurar el aluvión de cautelares que sobrevinieron. 

En síntesis: la Corte se abocará -si mantienen el núcleo duro de coincidencias entre los supremos- a tratar los recursos en trámite sin tener en cuenta la resolución de fondo de los camaristas platenses que anuló las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía, y que patearon el tablero jurídico que manejaba el Gobierno. Por mucho que corra, el Ejecutivo no logrará que su apelación escale antes del comienzo de la feria judicial. Primero, la Cámara integrada por César Alvarez, Olga Calitri y Leopoldo Schiffrin deberá aceptar el recurso extraordinario que presentarán los abogados de la cartera energética. Si esto no sucede, podrán ir "en queja" al máximo tribunal. De cualquier forma, el Gobierno de Mauricio Macri pedirá que la apelación tenga efectos "suspensivos", lo que significa que mientras se tramita, la anulación de las resoluciones quede en suspenso. Es casi improbable que suceda. Los jueces podrán conceder el recurso pero el efecto será "devolutivo" con lo que el tarifazo continuará (para el gas) judicialmente anulado hasta tanto esa resolución (de fondo y con efectos nacionales) sea tratado por la Corte. Con la feria de por medio, no será antes de mediados de agosto.

La cartera que preside (por ahora) Juan José Aranguren podrá hacer un intento desesperado: pedir la habilitación de la feria judicial de invierno. Un camino sin salida. Solo Highton de Nolasco permanecerá en funciones, con lo que un seguro rechazo a esa pretensión desanima al Gobierno siquiera a intentarla. 

De otra forma, todo seguirá su curso natural, sin plazos apremiantes, lo que en este caso corre a favor de la vigencia del fallo platense que pateó también el tablero judicial, ya que el resto de las cautelares dictadas eran medidas provisorias (sin tratar el fondo del problema) y estaban jurisdiccionalmente acotadas. La Corte tampoco tiene previsto expedirse sobre la validez o no de la vía del "per saltum", elegida por el Gobierno. La recomendación de una audiencia pública para tratar el aumento desbaratará parte de la estrategia oficialista, basada en tomar por válida una realizada en 2005 y apuntalará la resolución platense que, en ese escenario, quedará "intacta" todo lo que demore que la Corte lo trate de manera separada. Toda la feria transcurrirá con ese fallo y sus efectos en plena vigencia. Eso no quita que en el mientras tanto, el Gobierno pueda buscar una salida política a la encerrona judicial.