En el caso “Barros, Nelson Bartolo”, la Sala B de la Cámara cordobesa dijo que la inclusión en la base eAPOC constituye una “vía de hecho de la Administración”, o sea, una decisión tomada en forma arbitraria y sin sustento legal. 

Así la Cámara confirmó una sentencia de primera instancia que había hecho lugar a una acción de amparo promovida por el contribuyente contra la AFIP a efectos de que se lo eliminase de la base de datos eAPOC, la cual se encuentra disponible en la página de Internet del organismo recaudador y permite consultar preventivamente si un proveedor emitió, a criterio del Fisco, facturas o comprobantes apócrifos, explicó Nicolás Scalone, de MGI Jebsen & Co.

Según surge del fallo, el contribuyente había sido objeto de un proceso de verificación por parte de un equipo dependiente de la Dirección Regional Córdoba de AFIP, cuyos integrantes consideraron que se trataría de una “usina” de facturas apócrifas por carecer de capacidad económico-financiera.

En la sentencia dictada el 10 de mayo, la Sala B señaló que la base eAPOC carece de una norma de creación y regulación válida respecto del contribuyente, dado que la calificación como “usina” de facturas apócrifas surge de una Instrucción General dictada por la AFIP que, como tal, es un acto interno de carácter resolutivo del organismo que no se publica en el Boletín Oficial, no tiene alcance normativo frente a contribuyentes y terceros y sólo produce efectos respecto de los funcionarios y personal de la AFIP. 

Los jueces destacaron que no existió ningún acto administrativo que hubiese dispuesto la inclusión del contribuyente en la base eAPOC ni notificación cursada al contribuyente en tal sentido, circunstancias que afectaron el derecho de defensa del contribuyente al impedirle conocer los motivos de la decisión de la AFIP y tornaron el accionar del organismo en arbitrario y lesivo de los principios constitucionales de debido proceso legal y derecha de defensa en juicio.

Por último, el tribunal consideró que si bien la AFIP posee amplias facultades para inspeccionar y fiscalizar a los contribuyentes, y potestades para sancionarlos en caso de incumplimiento a sus obligaciones tributarias, eso no habilita a incluir al contribuyente en un registro público que carece de norma de creación y genera perjuicios al administrado, concluyendo que esta situación califica como una “vía de hecho administrativa”, encontrándose expresamente vedada a la Administración por la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo.