El Boletín Oficial publicó ayer la Resolución 166 que difunde el "Convenio Marco de Cooperación" entre la ANSeS y la secretaría de Comunicación Pública, que dirige Jorge Greco, y que está bajo la órbita del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Con este acuerdo firmado el 22 de junio, el Ejecutivo tendrá acceso a base de datos más completa del país con información como Nombre y Apellido; DNI; CUIT/CUIL; Domicilio; Fecha de Nacimiento; y Teléfonos. Incluso podrá solicitar información detallada de 32 millones de ciudadanos como el Correo Electrónico; el Estado Civil y el nivel de Estudios.

En la resolución, el Gobierno sostiene que usará estos datos "con el fin de llegar a la población con información de acciones de gobierno y con mensajes de utilidad pública que le resulten de relevancia, procurando en este punto la mayor precisión posible". Todos estos criterios los definirá la Casa Rosada.

Esta iniciativa oficial contradice la postura de sectores del PRO, antes de llegar a la Nación. La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, cuestionó en 2013 al ex ministro del Interior, Florencio Randazzo. "Para qué quiere emails y celulares cuando tramitamos DNI o pasaporte. ¿No usará datos personales para campaña?", planteó.

En Casa Rosada explican que apelan a la base de datos de ANSeS para informar sobre políticas públicas. "Con esta información, por ejemplo, podemos dirigirnos solamente a los ciudadanos que viven en las zonas de Dengue, para que tomen medidas de precaución", advierten. "Queremos llegar a los sectores con microcirugía, no al voleo", agregan.

El PRO tiene antecedentes en el uso de información pública. En la Ciudad, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, usa la base de datos gubernamental para promocionar sus visitas a los distintos barrios de Capital. "No vamos a usarla para anunciar las visitas de Macri", aseguran en Balcarce 50.

Ahora bien, el convenio abre la puerta a que Macri cuente con información que exceden los datos personales. El artículo 3 advierte que las partes "pueden ampliar la información sujeta a intercambio". El Gobierno podría pedir datos como el nivel de ingreso de las personas y de sus familiares. "Hay 1,5 millones de habitantes que están en condiciones de recibir la Asignación Universal por Hijo (AUH) pero no lo hacen por falta de información", explicaron desde el Gobierno.

Con esos argumentos, el Gobierno accede a una de las bases de datos más protegidas del país, a tal punto que está preservada contra cualquier contingencia, desde un incendio o una inundación hasta cualquier acceso indebido. La ANSeS también podría darle a la Jefatura de Gabinete detalles sobre la composición del núcleo familiar o precisiones sobre la vivienda, entre otros.

Según la Ley de Protección de Datos Personales, el Gobierno debería pedir el "consentimiento" de los ciudadanos para contar con estos datos que la ANSeS recopiló con otro fin. Pero la resolución del Gobierno consigna que está exceptuado de ese aval ya que según la Ley de Protección de Datos Personales el intercambio de información se realiza "entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias". La resolución asevera que en esta iniciativa intervino la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que dirige Eduardo Bertoni.

Desde la oposición no están conformes y darán batalla en la Justicia, tal como adelantó al diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño. "Voy a hacer una presentación judicial. Esta resolución claramente viola el derecho de hábeas data, además de la ley 25.326 (de protección de datos personales) y el artículo 43 de la Constitución", detalló la legisladora a la agencia DyN. El kirchnerismo también promete ir a la Justicia.

Desde la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, cuestionó esta medida y advirtió que "ANSeS conformó esta base con otro fin" pero "que la Ley 25.326 es muy laxa y el Estado hace abuso para conseguir esta información". La Asociación de Derechos Civiles (ADC) también advirtió sobre "una excesiva permisibilidad hacia el Estado en relación al almacenamiento, tratamiento y cesión de datos personales", en su informe "El Estado Recolector".