El alto crecimiento en la actividad económica junto a un porcentaje de aceptación superior al previsto originalmente para el canje de la deuda son fenómenos que tienen que ser adecuadamente evaluados. Más que interpretarlos como el punto final de la crisis, deberían ser asumidos como hitos que marcan nuevos desafíos.

Hasta ahora la prioridad del gobierno está siendo  la recuperación de la economía. A través de la devaluación, se corrigió el desequilibrio fiscal y se recompuso la rentabilidad de las empresas. Esto se logró, en gran medida, gracias a la caída en términos reales de las jubilaciones y los salarios. Por eso, la contrapartida fue una profundización del deterioro social.

Prolongar esta situación no resulta deseable, ni políticamente viable. En este marco, aparece como un instrumento clave la política tributaria. Para ello, un punto de partida es considerar cómo se financió el Estado nacional durante el 2004:

·        El 17% de los ingresos provino de retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque. Dos impuestos rústicos y altamente distorsivos desde el punto de vista económico.

·        El 13% provino de impuestos al trabajo, es decir, contribuciones patronales sobre la nómina salarial. Se trata de un impuesto altamente distorsivo desde el punto de vista social porque encarece la mano de obra, desincentivando el empleo registrado y disminuyendo el salario.

·        El 70% restante provino de impuestos al consumo, a las ganancias y otros tipo de tributos..

Con esta estructura de financiamiento se logró un superávit neto de pago de intereses de deuda de casi 12 mil millones pesos. Se trata de una situación inestable debido a que, entre otros factores, el 30% del financiamiento proviene de impuestos que por razones sociales y económicas deberían ser eliminados. Sin esos recursos, en lugar de superavit, habríamos tenido déficit.

Desde el punto de vista social, la presión por aumentos salariales tienden a recrudecer. El problema es que, salvo el relativamente pequeño grupo de empresas beneficiadas por la devaluación, el resto no está en condiciones de ofrecer aumentos de salarios lo suficientemente altos como para recuperar todo lo perdido por la inflación. Por esto, las negociaciones entre las cúpulas empresariales y sindicales están condenadas al fracaso de antemano porque con los instrumentos que disponen no están en condiciones de aportar una solución, ni siquiera parcial, al grave problema social.

Para avanzar de manera efectiva –y no quedarse en las declamaciones– en el proceso de recomposición social es necesario apelar a más y mejores instrumentos de políticas. Uno de ellos es reducir las imposiciones que gravan los salarios más bajos a través de fijar un mínimo no imponible.

Si, por ejemplo, el mínimo no imponible se fijara en 500 pesos, es decir, que se pagaran contribuciones patronales sólo por la parte del salario que supera ese monto, el costo fiscal (lo que el Estado debería compensar a la ANSES, PAMI y Obras Sociales por la pérdida de ingresos) sería de unos 5.500 millones de pesos anuales. Poco menos de la mitad del superavit fiscal neto del 2004.

Dado estos órdenes de magnitud, probablemente sea necesario postergar la reducción de las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque. Dar prioridad en el corto plazo a la situación social, no implica dejar de reconocer la importancia de eliminar estos impuestos. Por el contrario, es una evidencia más de la urgencia de tender hacia una estructura impositiva más consistente con el desarrollo social sostenido.

Si esta  política impositiva se complementa además con la instrumentación de la postergada simplificación de la registracion laboral y una actitud activa para reducir la litigiosidad laboral se dará un paso significativo en la recomposicion del tejido social.

Por ejemplo, las empresas mas formales y beneficiadas por la devaluación podrían aplicar aumentos salariales superiores al 20%, con lo cual se superaría en términos reales los niveles previos a la crisis. En el segmento de las pequeñas empresas no beneficiadas por la devaluación, el principal impacto sería brindar condiciones para la disminución del empleo “en negro”, requisito básico para que estos trabajadores también comiencen a recibir parte de los beneficios del crecimiento.