Por: Silvia Peco - El vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, insistió ayer en que "sería muy grave" que la Corte Suprema falle en contra de los aumentos de tarifas. Dos días antes, el ministro Juan José Aranguren dijo lo mismo. Así el Gobierno oscila entre buscar un gesto político de acercamiento al máximo tribunal llamando a audiencias públicas, cuyo alcance legal recién podrá conocerse cuando se publiquen las convocatorias, y al mismo tiempo seguir ejerciendo presión para un dictamen favorable.

Lopetegui afirmó también que retrotraer las tarifas demandaría un gasto de $80.000 millones para el Estado (por la reposición de los subsidios) y que ese monto equivale "a toda la obra que vamos a hacer en el segundo semestre". "Estamos convencidos que lo que hemos hecho cumple la letra de la ley", añadió el funcionario que volvió a suponer un error en la comunicación: "Quizás no hicimos el esfuerzo para comunicar lo que estamos diciendo ahora", aseguró. 

El Gobierno sigue creyendo que la oposición es la que está motorizando los fallos contrarios a los aumentos y que los jueces que se vienen pronunciando responden a una línea política opositora, y no llega a advertir el malestar que los aumentos de tarifas generan en el público.

El primer ajuste en las tarifas de electricidad suscitó poca resistencia si se excluyen las manifestaciones de algunas provincias y los problemas de los clubes sociales. Jugó a favor que Edenor y Edesur cumplieron a tiempo con el envío de las facturas mensuales y que marzo fue un mes poco caluroso lo que bajó el uso de los aparatos de aire, a lo que hay que sumarle que las facturas eran más baratas que las de gas.

Por el contrario, el frío empezó en abril, y las distribuidoras de gas, empezando por Metrogas que está controlada por el Estado a través de YPF, demoraron la implementación de los dos talones de pago, luego de haber rechazado la facturación mensual. Así, a fines de junio comenzaron a llegar facturas de gas con subas de cinco a diez veces con relación a igual período del año pasado.

Pero el peor error fue otro: el haber menospreciado el hecho de que en la Patagonia, la Pampa , Mendoza, San Luis y localidades del interior bonaerense no se estaban pagando los aumentos dispuestos en 2014 por el Gobierno anterior. Al uniformar los cuadros tarifarios en todo el país (con leves reducciones por razones climáticas), en esas jurisdicciones las subas llegaron al 1.500% para hogares y hasta 2.500% para comercios e industrias.

Esa gran equivocación llevó al primer cambio: fijar topes del 400% para hogares y del 500% para no residenciales para igual nivel de consumo. A destiempo y al parecer sin comunicación con las empresas, el Gobierno advirtió la suba en los metros cúbicos consumidos debido a las temperaturas . Ahí vino la segunda modificación, fijando los mismos topes pero sobre el monto facturado en igual bimestre de 2015, y sólo hasta el próximo 31 de diciembre. Al malestar social por aumentos desmedidos se le sumó la impericia oficial para medir las consecuencias y hasta para anticipar el clima. Para salir del atolladero que tiene otras facetas también polémicas, habría que barajar y dar de nuevo, pero el Gobierno sigue sin darse cuenta.