Gran parte del arco de entidades que representan al sector pyme salió ayer en forma unánime a quejarse del fallo de la Corte Suprema que frenó el aumento de tarifas a clientes residenciales pero no a comercios e industrias; y advirtieron que la decisión implicará el cierre de empresas y pérdida de empleos. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) hasta la Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido anunciaron la decisión de presentar medidas cautelares ante la Justicia en contra del aumento en la tarifa de gas, tras el fallo de la Corte; mientras que la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) expresó, con un tono más político que judicial, su preocupación "por la vigencia del tarifazo para el conjunto de usuarios no residenciales, lo que abarca a sectores sensibles como las pymes, las empresas recuperadas y las cooperativas". Alertó que "en el actual contexto de recesión, caída de la actividad, aumentos de precios e ingreso de importaciones, la vigencia de un cuadro tarifario con aumentos como los que dispuso el Poder Ejecutivo resulta insostenible para miles de unidades productivas, del comercio y los servicios".

Por su parte la Unión Industrial Argentina (UIA) debatirá el próximo martes en la reunión del Comité Ejecutivo los pasos a seguir. Claro que la entidad no puede actuar por sí sola, sino sus asociados en forma individual o colectiva. Según voceros de la UIA por ahora no apelarán a la Justicia para que se retrotraigan los aumentos a las tarifas de gas, sino que prefieren avanzar por la vía política, aunque reconoce que el clima interno está candente. Vale señalar que hace dos semanas la UIA cerró un acuerdo con el Ministerio de Producción para que subsidie (hasta un 20%) a las industrias electro-intensivas parte de las nuevas facturas de luz y confían en llegar a acuerdos similares para las de gas, por un monto de $200 millones.