La decisión, que sorprendió en el Ministerio de Energía donde esperaban un aval a sus medidas por parte del máximo tribunal, también rige para el valor del gas en boca de pozo. Es decir, no sólo como indica la ley, para el de transporte y la distribución (los otros dos eslabones de la cadena) sino también para la producción, que desde 2002 y hasta el momento fijaba el Ejecutivo, sin necesidad de una convocatoria abierta.

"Es razonable que, hasta el momento en que efectivamente el precio del gas en el PIST se determine sobre la base de la libre interacción de la oferta y la demanda, su análisis se efectúe conjuntamente con la revisión de tarifas para la cual es necesaria, como ya se dijo, la celebración de una audiencia pública", señaló la Corte. Desde marzo, a partir del aumento, el gas en boca de pozo pasó a pagarse un promedio de u$s 4, pero según el fallo también se deberá retrotraer al valor que cobraban los productores al 31 de marzo: un promedio de u$s 2,2.

Esto desencadenará además un conflicto con las provincias petroleras, que cobran regalías por la producción.
Hoy la cartera energética que conduce Juan José Aranguren publicará una resolución en el Boletín Oficial con el llamado a la audiencia que se concretará el mes que viene. En el oficialismo prevén que recién en octubre podrán aplicar algún aumento. "Se va a acatar lo que dictó la Justicia y se escucharán a todos los que quieran participar", señalaron en Energía. Sin embargo, las audiencias no son vinculantes. Es decir que el Gobierno escuchará a las partes (empresas, consumidores ya autoridades reguladoras) pero podrá establecer, dentro de la ley, el incremento que considere.

Por el momento y tal como anticipó en conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se utilizarán las mismas bases, argumentos y criterios que se sostuvieron en el inicio para definir los porcentajes. Si bien esto es una buena noticia, lo cierto es que el revés judicial generó un costo político y económico elevadísimos para la administración de Mauricio Macri, porque finalmente podrán realizar un ajuste casi ocho meses después de lo estipulado, que además del desgaste en la imagen le implicará un gasto fiscal extra y a las empresas un freno en obras programadas. "Lo llamativo es que la Justicia dictamina que se retrotraigan los valores a un cuadro tarifario de 2014, en el que tampoco hubo audiencias públicas para establecerlos", cuestionaron en el entorno de Aranguren.