Abrir una empresa hoy en la Argentina requiere trámites que se demoran hasta dos meses. Por eso, a través de un proyecto propio, el Gobierno anunció ayer que planea convertir en ley la agilización y simplificación del tiempo y el proceso de nacimiento de una firma. ¿El sueño? Poder inaugurar una empresa en no más de 24 horas.

El presidente Mauricio Macri anunció ayer la novedad en Tecnópolis, a través del envío al Congreso de dos leyes: la de apoyo al capital emprendedor y Sociedad de Acciones Simplificadas (SAS) y la de empresas de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). Ambos proyectos componen un paquete de iniciativas en los que hace meses trabaja el Ministerio de Producción, que dirige Francisco Cabrera, en conjunto con la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA). El modelo tomado por el Gobierno es Chile.

"Vamos a mandar el proyecto al Congreso la semana que viene y esperamos poder trabajar en equipo con las demás fuerzas políticas para que salga lo antes posible", afirmó a LA NACION Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa.

La SAS, según fuentes oficiales, permitirá "crear un negocio o empresa en un día y en forma digital". Esta nueva figura jurídica generará la posibilidad de constituir CUIT o CDI en 24 horas, armar empresas de un único socio, abrir una cuenta bancaria simplificada, emitir acciones de mismo derecho a diferente precio, y digitalizar firma, libros y poderes. El Ministerio Producción está trabajando además para simplificar el alta en la AFIP y en el Banco Central (BCRA), contaron.

Esta misma ley incluirá además incentivos para que los inversores apuesten a los emprendedores. Estos, confiaron en el Gobierno, podrán desgravar un porcentaje de Ganancias por ese apoyo. También habrá proyectos de co-inversión y el impulso del llamado crowdfunding (o financiamiento colectivo) a través de plataformas online aprobadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), según estimaron.

La segunda ley, en tanto, busca formalizar a la conocidas en todo el mundo como Empresas B, o aquellas que entre sus objetivos no sólo tienen el lucro, sino además la generación de un valor social, económico y ambiental para la comunidad en la que invierten y trabajan.

"En la actualidad no hay resguardo jurídico para la constitución y desarrollo de empresas sociales. La figura jurídica de empresa social no existe en nuestro país ni en toda América latina", agregó Mayer.

Además el Gobierno anunció ayer que creará diez fondos de financiamiento para emprendimientos de alto potencial de crecimiento hasta 2019. Serán tres en lo que resta de 2016 y siete durante el período 2017-2019, cuyo 40% corresponderá a la inversión pública y tendrán como requisito un capital mínimo de US$ 30 millones por fondo. Además, se buscará llegar a doce aceleradoras, con licencias por cuatro años, en las que se destinarán aportes para los gastos operativos y se co-invertirá a través de préstamos convertibles.

"Se acabaron las épocas en las cuales un gobierno, en vez de entender la importancia de las cualidades emprendedoras y buscar potenciarlas, se transformó en un obstáculo al no cumplir, trabar la inversión y las exportaciones, y de alterar las reglas de juego", prometió Macri al hacer el anuncio en Tecnópolis, lugar que fuera un símbolo kirchnerista.