Por Liliana Franco - En la Casa Rosada se lamentan de que el Gobierno no tiene respiro. Esta semana que pasó, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, le acercó al presidente Mauricio Macri cifras que arrojan que la inflación de la primera quincena del mes estuvo ligeramente por encima del 1%. Coincidiendo con este pronóstico, el Banco Central recortó la tasas de las Lebac en 50 puntos básicos, pasando del 29,75% al 29,25%. Pero esta buena noticia fue empañada por el fallo de la Corte Suprema por el que se anulan los aumentos en las tarifas de gas para los usuarios residenciales. 

Los analistas económicos siempre cuestionaron que las decisiones económicas debían ser consensuadas entre seis funcionarios a la sazón interpares y que ante un conflicto la única opinión autorizada para destrabarlo recae en Macri. Así fue que el cuadro tarifario que trajo tantos dolores de cabeza fue resultado de una decisión tomada entre Juan José Aranguren, Gustavo Lopetegui y Marcos Peña junto con el primer mandatario. A pesar de que el costo de esta política tarifaria afectó a la economía en numerosos aspectos como, por ejemplo, la inflación y el déficit fiscal. 

Se suele decir que el hombre es el único ser que tropieza dos veces con la misma piedra. El viernes pasado Macri decidió analizar el tema de las tarifas con Lopetegui, Quintana, Prat Gay y Marcos Peña, entre otros colaboradores, pero donde fue notoria la ausencia de Aranguren. 

Es decir, las decisiones que se tomen sobre los tópicos que maneja el actual secretario de Energía se analizan sin su presencia a pesar de que será encargado de ejecutarlas. Algunos en la Rosada, no sin cierta maldad, ironizan que su rol en el Gabinete "será el del puching ball" y pasa a explicar "cosechar todas las críticas aunque ya las medidas que se tomen no sean propuestas por él" 

El Gobierno siempre sostuvo que uno de sus propósitos principales es reducir el déficit fiscal y para alcanzar este objetivo es fundamental recortar los subsidios -equivalentes al 2,9% del producto bruto interno el año pasado-. Las previsiones oficiales estimaban una reducción del 1,5% del PIB en 2016.

Tomando como base las propias estimaciones del Ministerio de Energía y Minería, el costo fiscal del fallo del máximo tribunal sería de aproximadamente 700 millones de dólares (un 0,13% del PIB), efecto que se incrementaría por las mayores compensaciones necesarias para los generadores de energía eléctrica que utilizan al gas como insumo, totalizando 1.300 millones (un 0,24% del PIB), según cálculos de la consultora ACM. 

Sin embargo, se advierte que, si se revirtiera lo actuado en energía eléctrica, el costo fiscal máximo sumaría 3.400 millones de dólares adicionales (el 0,6% del PIB). De este modo, un supuesto pesimista implicaría un costo fiscal del 0,8% del PBI, una cifra importante, similar al flujo adicional estimado por el incremento en los haberes jubilatorios derivados de la aplicación de la "reparación histórica" para los retirados.

El fallo de la Corte también contribuirá a una desaceleración adicional sobre la dinámica de la inflación a corto plazo, pero al mismo tiempo generará una expectativa mayor a futuro, dependiendo de cuándo, cómo y cuánto sean los aumentos definitivos. 

Dudas 

Es sabido que las expectativas de los agentes económicos dependen de la información y en este sentido, dentro y fuera del Gobierno se critica la estrategia oficial de comunicación sobre el ajuste tarifario. 

En la Casa Rosada se contaba con datos que mostraban que desde abril -cuando comenzaron a aplicarse los aumentos- el 87% de los usuarios pagó menos de 500 pesos mensuales, una cifra lejana -sostienen- de la idea del "tarifazo" que tendió a predominar en la población. Recién ahora (de manera tardía y limitada) el Gobierno comienza a difundir estos datos. 

El problema de fondo, sostienen algunos funcionarios, es que el esquema de lucha contra la inflación está basado en el control de las expectativas y si las metas que fija el Banco Central no se cumplen, el daño es doble, porque no sólo no se obtienen los resultados deseados, sino que también le resta autoridad a la institución rectora. En última instancia, la pérdida de credibilidad haría más difícil el control de la inflación en el futuro. 

Por esta razón es que en el propio Gabinete surgen dudas de que se pueda cumplir con la meta oficial máxima de inflación del 17% para el año próximo. También descreen de la posibilidad de reducir el déficit fiscal al 3,3% "y menos en un año electoral". 

Uno de los factores que también se tienen en cuenta es que las paritarias cerraron este año con ajustes en torno del 34%, es decir entre 8 y 10 puntos por debajo de la inflación esperada para el año. Y todo indica que los sindicatos presionarán para compensar este deterioro.