Por Carlos Burgueño - El Gobierno relanzará en septiembre el blanqueo de capitales orientado al público en general. Desde el Gabinete económico se asegura que las noticias sobre el avance de las leyes provinciales de adhesión al llamado, y de inclusión de los tributos locales, será el empujón que necesita el perdón para despegar en el ciudadano común. Ayer se confirmó que tanto la Capital Federal como la provincia de Buenos Aires (ver página 22), aprobarán sus leyes de asentimiento a la norma nacional; y se espera que en los próximos días se sumen Salta, Córdoba y Mendoza. Con la confirmación de estos cinco distritos, el Gobierno cree que podrá avanzarse en la segunda etapa del blanqueo: la del convencimiento del ciudadano contribuyente común. 

Se consideraba que sin la adhesión provincial, el blanqueo de capitales, especialmente inmuebles, sería utópico, ya que parte de lo que se hubiera ganado sin pagar los impuestos que no se cobraban a nivel nacional se perdería tributando a nivel regional. Y que sólo con un blanqueo general de deudas el llamado le serviría a los contribuyentes particulares. Según la reglamentación de la norma, los que blanqueen hasta u$s80.000 antes del 31 de octubre no tendrán que pagar multas. Este es el público que, afirman en el Gobierno, primero debe ingresar al llamado. 

Desde el oficialismo se sigue confiando en que el número de dinero que se blanqueará podrá llegar a los u$s40.000 millones y que podría llegar a los u$s 60.000 millones; lo que representaría un ingreso de entre 4.000 y 6.000 millones de dólares para ampliar las reservas del Banco Central. 

Septiembre

Durante septiembre comenzará una fuerte campaña desde el Gobierno nacional, que incluirá acción directa vía redes sociales y publicidad en medios de comunicación; con un mensaje doble. Por un lado la bienvenida (con las explicaciones técnicas para la adhesión) para los que se vayan sumando; y por el otro la amenaza directa de persecuciones para los que no se incorporen. Esto último incluirá cartas directas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para los potenciales "clientes" que deberían al menos interesarse en el llamado. 

Para los grandes contribuyentes particulares o empresas privadas, el Gobierno tiene otra visión. Según la información que maneja el Ejecutivo hay movimientos concretos en el exterior de consultas de tenedores de cuentas y propietarios de inmuebles que están preparando los papeles para sumarse al blanqueo. Los datos llegan, fundamentalmente, desde Uruguay y España, donde el organismo que dirige Alberto Abad tiene información directa y cruzada sobre muchos contribuyentes que en esos países tenían los bienes declarados. Se sabe además que muchos de los más grandes estudios contables y jurídicos están organizando reuniones a destajo, privadas y públicas, con muchos de los clientes más importantes; sobre las condiciones técnicas para inscribirse en el llamado. También se conocen muchos "road show" que se vienen organizando en todo el país, fundamentalmente en la Capital Federal y en algunos centros VIP del norte de la provincia de Buenos Aires, donde los fondos de inversión, consultoras financieras e inmobiliarias y hasta bancos muestran a sus potenciales clientes las opciones para derivar los capitales ya blanqueados. En todos los casos, aseguran optimistas desde el Gobierno, el interés de los eventuales interesados es concreto, y que se esperarán unas semanas más para terminar de tomar una decisión definitiva sobre el destino de los capitales legalizados.

Fundamentalmente, para los dólares y otras divisas que están en el exterior, si ese dinero vuelve al país y si continuará depositado en el exterior dependerá, en un 50%, de lo convincentes que sean los que proponen inversiones en el país. El otro 50% dependerá del Gobierno. 

Una de las cuestiones que se intentará dejar en claro a los contribuyentes que deban blanquear pero duden es que la información que maneja la AFIP de parte de los que acepten el blanqueo no será compartida con otras dependencias del Estado. O que si son compartidas, éstas no serán públicas y estarán legalmente protegidas ante cualquier avance judicial futuro. Se afirma que sólo la Unidad de Información Financiera (UIF) podría acceder a los datos, siempre y cuando estos generen sospechas concretas, pero que los datos se mantendrán en esa órbita.