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Por Fernando Navajas - En preparación a la audiencia de los precios y
tarifas del gas natural resultante del rechazo de la Corte Suprema al esquema
anterior, el Gobierno circuló un informe breve sobre la nueva estrategia y los
valores que van a proponerse. El nuevo esquema del Gobierno es un avance en las
direcciones de gradualismo y previsibilidad, hay que decirlo. Como presentación
es bastante más clara que lo hecho con anterioridad. La gran mayoría de los
comentarios especializados durante estos días se han concentrado en cuestiones
de impacto de bolsillo de los aumentos, su distribución y también en los
impactos fiscales. Aceptando que lo del Gobierno es un avance en cuanto a
plantear el problema de convergencia tarifaria que al parecer antes no había
entendido, esta nota se enfoca sobre otras cuestiones para mí más fundamentales
de la política energética y tarifaria. En términos generales expresa una
discrepancia sustancial respecto de la estrategia que eligió el Gobierno para
recomponer los precios del gas natural. Existen cinco puntos que creo que hay
que remarcar.
1 - Declarar que el objetivo primario de la política energética es
maximizar la producción nacional o minimizar las importaciones.
Decir esto está bien, dado que ha ocupado siempre un lugar habitual en los
objetivos de política energética de nuestro país. Pero decir esto sin ninguna
condicionalidad a los precios y la eficiencia hace que estos objetivos pierdan
fundamento o se usen para validar un proteccionismo sectorial injustificado y
oneroso para el resto de la economía. Excepto que uno pueda demostrar que la
producción local va a converger a precios muy convenientes e inferiores a los
precios de importación, como era en el pasado, no resulta razonable otorgar
precios elevados para promover un sector. Así como no sería razonable fijar el
precio de la soja en 700 dólares la tonelada para buscar provocar una
revolución verde, por más loable que sea ese objetivo.
2 - Seguir insistiendo con el mecanismo de descuentos tarifarios por
ahorro respecto al año anterior.
Este es un enigma que a mí me causa perplejidad. ¿Cómo puede ser que se insista
en mecanismos que son causa de una variabilidad tarifaria innecesaria y que no
tienen un diseño de incentivos apropiado para que los hogares hagan inversiones
para la eficiencia energética? La eficiencia energética de los hogares deviene
del equipamiento que tienen y de los esfuerzos para gastar en ahorro de
energía. Este esquema no brinda incentivos adecuados para la eficiencia
energética porque tiene un problema muy conocido en la literatura (llamado
rachet effect) que te saca el premio al año siguiente. Lo único que aporta es
variabilidad tarifaria innecesaria, como se vio en el episodio de este
invierno. Obviamente el Gobierno no aprendió la lección en este aspecto.
3 - Incluir, por la ventana, al Gas Oil en el balance del mercado del gas
para definir un precio de la oferta más alto.
El Gas Oil era un sustituto válido para valores de costos de oportunidad cuando
el gas natural no era tan transable como lo es ahora en el mundo. Al incluir al
gas oil en la cuenta, la presentación del Gobierno parece más un ejercicio de
manipulación para que los precios del gas tengan que ser más altos, haciendo
que en medio de una caída fenomenal de los precios de la energía en el mundo
los precios de la Argentina no caigan. A ello se agrega el hecho de computar
los precios de la importación de LNG (controlada por YPF, sin licitación o
mecanismo de mercado) con sobrecostos, en un mundo donde los precios de
frontera (landed prices) del LNG convergieron en el mundo al entorno de 4.50, con
la Argentina también convergiendo bastante. Es decir que la presentación del
Gobierno barre debajo de la alfombra el hecho que los precios de la energía en
el mundo han caído y encubre que los costos de oportunidad de un equilibrio
competitivo serían más bajos.
4 - Usar al LNG no competitivo del año 2017 como valor de largo plazo en
vez de usar un mecanismo de mercado.
Si bien existe alguna configuración de los precios de la energía en el mundo
que validaría la secuencia de precios que el Gobierno propone para el gas
natural, lo cierto es que el Gobierno no obtuvo esa secuencia a partir de ese
resultado sino de una operación de validación ex post de los programas de
estimulo firmados con la industria. No hay ninguna justificación para haber
elegido el 6.8 dólares por MMBTU como referencia, cuando lo lógico era haber
elegido una regla de precios de paridad de importación y luego abocarse a una
política para reducir los mismos respecto de los valores actuales, no
competitivos. Lo razonable hubiera sido usar esa regla y moverse a bajar los
costos de importación para marcar precios de referencia al mercado interno. Hoy
el promedio de precios de Bolivia y LNG que el mismo Gobierno reporta en su
informe es de 5 dólares. Es altamente probable que un mecanismo de competencia
con acceso libre de distribuidoras y comercializadores independientes haga que
ese precio promedio pueda estar cerca de 4.50 dólares por MMBTU. Es decir al
elegir a dedo el LNG no competitivo se consagra un precio alto y fijo solamente
para validar los programas de estimulo a la oferta heredados de De Vido y
Kicillof que por otra parte fueron decididos en tiempos con precios de la
energía muy altos en el mundo. Si bien la demanda en 2016 y 2017 va a pagar
precios todavía por debajo de los verdaderos costos de oportunidad
competitivos, en el largo plazo -a donde quiere llevarnos la regla del
Gobierno- hay un exceso de 2.30 dólares por millón de BTU medido a los precios
de hoy. Esto a los volúmenes de hoy y suponiendo que los va a pagar toda la
demanda (porque hay convergencia de todos los segmentos y regiones) equivale a
un sobrecosto de 3700 millones de dólares anuales. Esto es un 0.5% del PIB
estimado para 2019 y una cuenta que se agrega a la ya abultada transferencia al
sector por la vía de precios del petróleo más alto que los valores de
importación. Lo insólito es que se lo quieren hacer pagar a los habitantes del
NOA que están a metros de Bolivia que hoy cobra 3.5 dólares por MMBTU en
frontera. ¿Y si al Gobierno de Jujuy se le ocurriera hacer un gasoducto para
importar gas de Bolivia? En otros términos: ¿porque los jujeños van a pagar el
desarrollo de Vaca Muerta, teniendo importaciones a mitad de precio muy cerca?
5 - Decir que la propuesta es una reducción de subsidios a la oferta y un
estimulo a la producción y el trabajo nacional.
Las conclusiones de la presentación del Gobierno afirman que proponemos una
disminución gradual y previsible de los subsidios a la producción e importación
de gas natural en los próximos tres años y que en suma, queremos lograr un
suministro energético más justo y que promueva la producción local y el trabajo
argentino.
La verdad es que no hay disminución sino aumento de los subsidios a la
producción de gas en la Argentina. No hay nada malo en que nos planteemos tener
una política de recursos hidrocaburíferos como política industrial, yo estoy a
favor y creo en la sustitución de importaciones en este sector. Pero la
cuestión es que esta no es la forma apropiada de hacerla porque resulta muy
onerosa para la economía y la población. La supuesta promoción de la producción
y el trabajo argentino es sin duda al nivel del sector, le falta decir, con más
honestidad, al Gobierno. Porque ciertamente no lo es, sino que es más bien lo
opuesto, para el resto de la economía, que enfrenta costos de la energía más
altos que los que surgirían en un ambiente competitivo.
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