Por Francisco Olivera - Por Whats App, aún algo perplejo por el cambio de atmósfera política, uno de los ejecutivos que estuvieron ayer en el Centro Cultural Néstor Kirchner le envió una broma a un amigo kirchnerista. "Estoy en tu centro cultural, pero ahora está exorcizado", dijo. Pasarán varios años hasta que el establishment deje atrás cierta inercia por lo que consideró una de las etapas más extravagantes de la historia económica argentina. Pero la euforia es también selectiva: en el foro de inversiones se maravillan ahora de las bondades del edificio como si lo hubiera inaugurado Mauricio Macri. Son los efectos del contraste. Que hace además pasar por alto la prudencia con que el sector privado sigue atendiendo lo que supone un gran ensayo: una administración no peronista. Federico Tomasevich, dueño del banco de inversión Puente, lo admitía ayer, luego de escuchar al ministro Ricardo Buryaile, cuya exposición le mereció varios elogios. "Pero la mayoría va a esperar a que esto repunte para invertir", dijo. Es una historia circular de razones más políticas que económicas: para los empresarios argentinos, artífices naturales de cualquier reactivación, que la economía repunte equivale a que el país sea viable desde el punto de vista social. Ése es el parámetro que miran cuando hablan de gobernabilidad. ¿Qué es lo que más le preguntan en el foro?, le preguntó LA NACION a Horacio Reyser, asesor de Macri en inversiones externas. "Quieren saber si hay madurez política -contestó-. Si hay coincidencias básicas entre los sectores". Traducido: la duda es hasta dónde es capaz de llegar el peronismo en el acompañamiento a las medidas. Es difícil que Sergio Massa, siempre presto al impacto de la conversación pública, no haya pensado bajo esta lógica cuando, ayer, se quejó de no haber sido invitado y empezó a convocar a los asistentes al hotel Hilton. José Ignacio de Mendiguren, el industrial más relevante de su espacio, celebró que el sitio Chequeado.com le hubiera dado la razón en su contrapunto con el ministro de Industria, Francisco Cabrera, sobre el volumen de las importaciones de China. "Todo esto es positivo, pero ojo: algunos de estos CEO vienen más a vender que a invertir", advirtió. El éxito numérico de la convocatoria pone, con todo, a la Argentina en el catálogo de inversiones. "Por lo menos tenés algo que presentarle a tus headquarters", se entusiasmaron en el fondo Pegasus. Y las verdaderas perturbaciones vuelven a ser menos elementales que, por ejemplo, la posibilidad de si el Estado los asfixiará para quedarse con parte de las acciones: ahora son los precios, el nivel de emisión monetaria, la tasa de retorno, la presión impositiva o el abastecimiento energético. Miedos argentinos clásicos: tal vez haya que habituarse a llamar a eso normalidad. Dos preguntas del panel de ayer sobre la ley de participación público privada -donde expusieron el asesor Reyser, Gabriel Martino (HSBC), Philippe de Cnudde (Latam), Oscar Aguilar Valdez (Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires), Gian Franco Carassale (Inter-American Investment Corporation) y Víctor Traverso (Corporación Andina de Fomento)- fueron hacia el modo en que los proyectos de infraestructura podrían sobrevivir con inflación. Pero son incógnitas que se agregan al gran anhelo de fondo, que es la viabilidad del proyecto macrista. "La duda no es si invertir o no, sino cuándo invertir", definió Carlos Ormachea, máximo ejecutivo de Tecpetrol. Hacerlo antes de tiempo puede resultar incierto; tarde, que el empresario pierda precios más ventajosos para los activos. Es un dilema de timing. Ese nivel de precisión que jamás le exigieron al peronismo vuelve a los hombres de negocios más demandantes también con los gestos del Gobierno. Se entiende, así, el alivio que varios sintieron ayer al enterarse de que Juan José Aranguren, a quien la mayoría le asigna una ética irreprochable, anunciara que vendería sus acciones de Shell. "Es una locura, pero políticamente resultaba un flanco débil", se sinceró un petrolero. Es cierto que, técnicamente, el asunto puede sonar a sobreactuación: el artículo 9 de la ley de lobby del Estado de Florida, por ejemplo, le prohíbe por dos años a un funcionario que venga del sector privado tomar decisiones sólo de manera particular sobre su ex compañía, pero no en términos generales. Y que la breve gestión de Aranguren permite sólo juzgarlo por los resultados: hasta ahora, como consecuencia de los incentivos aplicados al barril de crudo y la inflación, el margen bruto de refinación que tiene Shell es de 17 dólares, es decir, más alto que el rango de entre 12 y 14 dólares que rige en el mundo, pero menos favorable que los 23 con que la despidió Axel Kicillof. Pero son sólo números: a la política le basta a veces con el sentimiento.
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