Por Carlos Burgueño - El juicio contra los fondos buitre aún no terminó, pero podría finalizar la próxima semana. Será el martes 27, cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York trate uno de los últimos casos que aún permanecen abiertos. Es el del bonista Muhammad Ladjevardian, que no ingresó en los canjes de 2005 y 2010 y que se convirtió en uno de los pocos en seguir litigando, y hasta ahora mantiene su postura pese a que el 98% de los acreedores ya aceptó el plan de pagos que en febrero pasado llevó el secretario de Finanzas, Luis Caputo, a Nueva York. Hace un mes, el grupo de argentinos que aún mantenía el juicio, el autodenominado Grupo Varela, retiró las demandas y también aceptó la oferta del Gobierno de Mauricio Macri. Sólo restan Ladjevardian y otros fondos de inversión, los que, se supone, compraron deuda argentina y consideran, según la visión que se tiene desde Buenos Aires, continuar el juicio a modo de "boletazo". 

Sin embargo, la presentación del inversor neoyorquino es determinante, no por la importancia del demandante (mínima), sino por la decisión que pueda tomar la Cámara de Apelaciones luego de escuchar la semana próxima a las partes. Desde Argentina se confía en que la segunda instancia judicial continuará con la jurisprudencia que siempre mantuvo en este caso, de sostener las decisiones de la primera instancia judicial. Como Thomas Griesa rechazó la presentación en mayo pasado, descartan en Buenos Aires que la Cámara avalará la decisión del juez y respaldará el acuerdo mayoritario al que llegó el país con los acreedores. Si la Cámara de Apelaciones reafirma la postura de Griesa, el juicio estará terminado y la Argentina habrá cerrado definitivamente la causa del default de 2001. 

Ladjevardian se había presentado ante Thomas Griesa en abril pasado para reclamar en contra del acuerdo presentado por la Argentina para terminar con el juicio; exigir que se levante el "stay" con el que el Gobierno había podido comenzar a pagar a los acreedores que aceptaron e insistir en congelar las cuentas nacionales en los Estados Unidos y seguir con los pedidos de embargos. El juez dictaminó en mayo en contra del demandante con lo que legalizó definitivamente en su juzgado el pago a los fondos buitre y holdouts; y definió la cuestión en la primera instancia. Según Griesa, la demanda era improcedente, reconoció el derecho del demandante para conseguir "un acuerdo mejor"; pero que de ninguna manera está dispuesto a cerrar el acuerdo ya firmado, y pagado, el que hacia delante tiene características legales de "firme". Griesa decretó, además, la jurisprudencia definitiva de su propio fallo a favor del acuerdo, y se arrastró también a los bonistas y acreedores con deuda adquirida antes de 2001, a los que, sin embargo, se les reconoce el derecho a recurrir a la segunda instancia judicial. Igualmente, los más importantes (especialmente los argentinos) terminaron negociando en el bufete de Daniel Pollack y retirando las demandas. Ladjevardian busca obtener el pago al contado de u$s56 millones, con bonos comprados a fin es de los 90 por unos u$s13 millones y luego de haber rechazado los canjes de 2005 y 2010 y la oferta argentina de febrero de 2016. Había esperado el acuerdo final para comenzar una nueva demanda contra el país, basándose en que debía recibir el mismo tratamiento que otros grupos de acreedores. Solicitaba el embargo de los pagos futuros de la Argentina y que se avanzara en la cláusula Discovery. Griesa rechazó todos los argumentos, y ratificó además el derecho del país a negociar individualmente en términos diferentes con cada acreedor. El demandante llevó luego toda la presentación a la Cámara de Apelaciones, que aceptó tratar el caso basándose en el derecho de Ladjevardian de tener una definición en la segunda instancia judicial. La fecha fijada fue la del 27 de septiembre y allí nuevamente el país tendrá que responder a las quejas de un acreedor. Se confía en que sea la última. 

Desde la Argentina se resalta que hasta hoy no hubo un solo tenedor de deuda que hubiera aceptado los canjes de 2005 o 2010 que se haya presentado ante la Justicia de los Estados Unidos para condenar los términos de la oferta de pago que presentó Caputo. Para el Ministerio de Hacienda de Alfonso Prat Gay, esto es el logro más importante del proceso de pago de la deuda en default, ya que era el principal argumento opositor de crítica a la oferta de febrero pasado.