Por Noelia Barral Grigera - Con la presencia de sus principales espadas legislativas y del ministro de Producción, Francisco Cabrera, el Gobierno le dio ayer un fuerte impulso al debate para reformar de manera integral la Ley de Defensa de la Competencia. El anteproyecto de modificación, presentado por los diputados Mario Negri (UCR) y Elisa Carrió (Coalición Cívica), apunta a endurecer las sanciones para quienes influyan negativamente en el mercado y propone crear una suerte de figura del arrepentido para las empresas que colaboren en sancionar la cartelización.

Según la propuesta oficial, las empresas que adhieran al Programa de Clemencia que crearía la ley podrán beneficiarse con la exención o reducción de sanciones administrativas y civiles, "en la medida en que aporten pruebas que permitan sancionar a los integrantes del cartel", detalla el anteproyecto. La compañía que primero delate a las otras podría lograr una eximición total de las penas. Quienes lo hagan luego obtendrían reducciones parciales.

"Tienen que asustarse mucho y saber que pueden perder todo", avisó Negri, titular del interbloque Cambiemos, respecto de las penalidades que propone el oficialismo para quienes abusen de una posición dominante o distorsiva de la competencia. El Gobierno quiere incluir en la ley distintos criterios de sanción, para que sean aplicados según definiciones del Tribunal de Defensa de la Competencia que quedaría creado con la ley. "No apuntamos a sanciones penales sino adonde más les duele, que es el dinero", subrayó al respecto Carrió.

Cabrera expresó el absoluto respaldo del Ejecutivo al anteproyecto, junto al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó; el titular del bloque PRO, Nicolás Massot; el secretario de Comercio, Miguel Braun; el titular de la Comisión Nacional de De fensa de la Competencia, Esteban Greco, y el secretario coordinador de Políticas Públicas, Mario Quintana.

Las sanciones económicas, hoy previstas en $ 150 millones, podrían ser de hasta el doble del beneficio obtenido por la conducta anticompetitiva; de hasta el 30% del volumen de negocios en los mercados afectados multiplicado por los años de duración del delito; de hasta el 30% del volumen de negocios consolidado a nivel nacional del grupo empresario involucrado; o de hasta tres mil millones de pesos, ajustables por inflación.

El Tribunal que definirá a partir de ese abanico de penas estará compuesto, según la propuesta de Cambiemos, por cinco miembros. De ellos, el anteproyecto sugiere que al menos dos sean abogados y otros dos sean licenciados o posgraduados en ciencias económicas. Además, el presidente del Tribunal será también el titular de la Autoridad Nacional de la Competencia, un organismo descentralizado e independiente en el marco del Poder Ejecutivo, que estaría integrado por el Tribunal y los titulares de las secretarías de Instrucción de Conductas y de Concentraciones Económicas.

Esta última Secretaría haría un control previo de concentración y analizaría la unión de compañías que alcancen un volumen de negocio conjunto de $ 2250 millones, actualizables por inflación. Carrió, que como en cada aparición pública protagonizó un show aparte, consideró que "el mayor escándalo moral de la Argentina es que tenga los alimentos tan caros cuando es la llanura más rica del mundo junto a Ucrania" y avisó: "Algunos negocios se van a terminar. ¡Y la próxima es la Ley de Góndolas!"

El oficialismo quiere debatir el tema con los asesores de los diputados opositores en los próximos días y luego convocar a usuarios, asociaciones de consumidores y empresas a que participen de la discusión en comisiones. La san ción en la Cámara baja sería antes de fin de año, lo que dejaría su ratificación final en el Senado para 2017.