Por Carlos Burgueño - La Argentina avanza en dos acuerdos bilaterales considerados por el Gobierno como claves para acelerar el "consentimiento" de los potenciales contribuyentes interesados en el blanqueo. Alfonso Prat Gay celebró en Washington, mientras participaba de la reunión anual conjunta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, encuentros con sus colegas de Chile, Rodrigo Valdés, y Suiza, Ueli Maurer, para firmar tratados similares a los que ya están en marcha con Estados Unidos y Uruguay. Esto es, que desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se pueda acceder a los datos de los contribuyentes locales de manera automática, y sólo con un pedido justificado de Buenos Aires a los organismos recaudadores de los otros países. Hasta ahora, esto sólo es posible a partir de la intervención de un juez local y otro del estado en cuestión, lo que puede demorar años el intercambio de los datos. Lo que se lograría ahora es acelerar los tiempos y las fiscalizaciones cruzadas entre diferentes sistemas tributarios. 

Lo que el ministro busca es que antes de fin de año todos estos acuerdos bilaterales estén ya firmados, y que antes del cierre definitivo del llamado, el 31 de octubre de 2017, los argentinos que tengan dinero o bienes no declarados en el país y radicados en otros estados sepan que una vez vencido el plazo comenzarán las fiscalizaciones bilaterales. Y que los contribuyentes que no hayan ingresado un solo peso (o dólar) en el blanqueo, y que sos sospechados por el organismo que maneja Alberto Abad de tener posesiones de dinero o bienes en el exterior, serían los primeros en ser embestidos por los investigadores del organismo. Especialmente en sus potenciales tenencias fuera del país. 

Con Chile la negociación sería más fácil, ya que se trataría de una ampliación del acuerdo firmado en abril de 2015 sobre Doble Imposición Internacional e intercambio de Información Fiscal y Financiera. Con este tratado se ampliaban las facultades de fiscalización para controlar los "holdings" locales con sede en Chile (o viceversa), que potencialmente podrían evadir tributos locales, y se impedía que los contribuyentes argentinos compren títulos públicos chilenos para no pagar el tributo a los Bienes Personales en el país. Según fuentes oficiales, el tratado funciona bastante bien, y sólo se necesitaría una ampliación bajo las condiciones del acuerdo de intercambio de información tributaria protocolizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Lo que se busca es que los términos del tratado se amplíen y se agilicen aún más. 

En el caso de Suiza, Prat Gay pidió en Washington a Maurer acelerar el compromiso que en agosto pasado había contraído con la AFIP el embajador suizo en Buenos Aires, Hanspeter Mock. El diplomático se había comprometido a acelerar un acuerdo "en el intercambio automático de información a nivel bilateral" que le permitiera al organismo que maneja Abad acceder a los datos financieros y fiscales de argentinos en Suiza, de manera directa y sin intervención de jueces; también dentro de los términos del acuerdo de la OCDE que comienza a regir el 1 de enero de 2017. Es obvio decir que la posibilidad de llegar a esta información es más que importante para "tentar" a argentinos a que accedan a ingresar en el blanqueo, a partir de la leyenda siempre confirmada de la cantidad de divisas que desde el país se fugaron a ese destino en los tiempos en que Suiza era un paraíso fiscal.