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El Grupo First
aprovechó la vigencia del blanqueo de capitales para lanzarse al negocio de los
fondos comunes y presentar ayer uno especialmente diseñado para invertir en el
agro, esquivar el pago de la multa y del impuesto a las ganancias (ya que se
trata de activos que cotizan) y recibir pagos semestrales de intereses.
El instrumento, denominado First Renta Agro
Fondo Común de Inversión Cerrado Ley 27.260, está nominado en dólares (se
suscribe y paga renta y devuelve capital en esa moneda) y aprovecha que la ley
favorece el financiamiento de actividades productivas y economías regionales
para volcarse a invertir en activos variados y de distintas regiones del país,
para diversificar riesgos.
La compañía, especializada en el asesoramiento financiero corporativo,
fue la encargada hace 10 años de llevar adelante la primera securitización de
activos en el país. "Y ahora espera explotar el conocimiento y la
experiencia desarrollando asesoramiento a compañías de la agroindustria",
explicó anoche su vicepresidente Ejecutivo, José Luis Garófalo, al hacer la
presentación ante clientes e invitados en el Malba. Aludió a las 70
transacciones de mercado por más de $ 5000 millones que llevan concretadas.
Entre ellas, First emitió para Agrofina, Don Mario y Red Surcos entre otras
firmas del sector.
Miguel Arrigoni, presidente de First, por su
parte, explicó las eficiencias fiscales del fondo (cuya oferta está en trámite
de autorización ante la CNV) dado que, al invertir en papeles que cotizan,
estará exceptuado de Ganancias, y del pago del impuesto al cheque. "El
suscriptor sólo paga Bienes Personales", destacó. Además dijo que se trata
de un producto singular ya que el resto de los vehículos de este tipo que se
ofrecen son para inversiones inmobiliarias o en proyectos de energía. En la presentación
se explicó que el fondo prevé pagar una renta del orden del 6% anual durante
sus cinco años de duración y lo hará "semestralmente".
El fondo, que prevé
captar unos US$ 86 millones, es cerrado por lo que tiene un piso de inversión
mínima fijado en US$ 250.000 y de apuesta máxima por US$ 10 millones, que es lo
que define la ley porque apunta a inversores "calificados".
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