Por Carlos Burgueño - El Gobierno quiere que los bancos financien a las empresas que quieran/deban pagar el bono de 2.000 pesos, pero que no tengan efectivo disponible. Y que el dinero para los interesados se otorgue con las líneas de créditos productivos que todo el sistema financiero debe disponer por ley. El mensaje será transmitido a partir de hoy desde varios frentes del gabinete económico nacional, bajo la orden concreta de la máxima autoridad del país que envió el mensaje que "el bono no debe fracasar". En otras palabras: el otorgamiento del bono no debe ser la excepción, sino la regla. Desde el oficialismo había surgido un clima de cierta euforia y expectativas positivas, luego del encuentro del miércoles pasado en la Casa de Gobierno donde comenzó a funcionar la denominada Mesa del Diálogo para la Producción y el Empleo. El flamante ámbito que reunió en una mesa redonda a unos 50 funcionarios del Gobierno nacional, dirigentes de las más importantes cámaras empresarias y el triunvirato cegetista; cerró hacia el mediodía del miércoles pasado la decisión de impulsar un bono de 2000 pesos para completar los ingresos de 2017 de los empleados en relación de dependencia. A cambio los gremios se comprometerían a no reabrir las paritarias. Con esta decisión, más la liberación del pago de Ganancias para el medio aguinaldo de diciembre, el macrismo consideró que se había cerrado el círculo de ingresos del ejercicio para los empleados privados; y que las pérdidas entre la inflación y las paritarias quedarían parcialmente saldadas en el siempre complicado último mes del año. A partir del acuerdo sería el turno de comenzar a trabajar sobre los empleados públicos y con los representantes de los movimientos sociales.

Sin embargo, la algarabía duró poco. A horas de haber terminado el cónclave, los mismos empresarios (el costado de la reunión desde donde menos se esperaba desde el oficialismo que aparecieran los problemas), comenzaron a pelearse en la fila de los que primero aclaraban que la obligación virtual por el bono no correspondía a ellos. Primero fueron los representantes de la construcción, los aceiteros y el comercio, que aclaraban que dado que ellos habían negociado paritarias por encima del 38% no les correspondía el pago. Luego comenzaron a hablar los dirigentes que según sus números finales de actividad oficial no podrían pagar: el transporte, textiles, artículos para el hogar eléctricos y no eléctricos, parte de la alimentación, terminales automotrices, etc. 

Después apareció la aclaración más importante: los propios privados advertían que el bono era una cuestión de las grandes compañías y que las pymes quedaban fuera de la obligación. Esto implicaba que el 74% de los empleados (según los números oficiales) estarían ya fuera de la necesidad de pensar en el bono. Del 26% final, sólo la mitad quedaba en la obligación. Esto es, como adelantó este diario, poco más del 13%. Algo imposible de avalar para el Gobierno.

Es así que desde el Gobierno comenzaron este fin de semana a ensayar alternativas para ampliar ese porcentaje. Entre el jueves y el viernes desde el oficialismo comenzó a ponerse en contacto directo con las cámaras que representan a los sectores que mencionaron que no podían pagar el bono para pensar las alternativas. Apareció ahí la idea del financiamiento, intención que naufragó ante la realidad de la explicación que un préstamo para una pyme, con buen historial financiero, puede superar hoy el 50% de interés. Luego apareció el dato de la existencia de las líneas de créditos para la producción, con tasas subsidiadas (entre 17 y 25% anual, un nivel asimilable a la inflación) y que tendrían a octubre pasado una subejecución de casi el 30%. En teoría, la cantidad de pesos disponibles en el mercado superarían largamente el capital necesario y serviría para atender la necesidad de fondos. El proyecto comenzará a discutirse desde hoy.