Por Pablo Fernández Blanco - Los próximos cinco años le depararán al consumidor eléctrico promedio argentino un desafío que en los últimos tiempos pareció imposible de franquear. Se trata de volver a un esquema previsible en materia de servicios públicos, una situación a la que los propios actores de la industria parecen estar desacostumbrados.

La afirmación parece una provocación, pero no lo es. La ley que regula el sector eléctrico sostiene que cada lustro hay que hacer una revisión tarifaria integral (RTI), algo que el kirchnerismo nunca pensó en llevar a cabo pese a que así se lo ordenaba la normativa. Ese espacio comenzará a funcionar el próximo viernes, con la primera jornada de audiencias públicas eléctricas.

Allí, las empresas dirán cuánto quieren cobrar, cuánto deben aumentar las tarifas, cuánto van a invertir con el flujo de fondos que les garantizará esa situación y de qué manera mejorará el servicio para el consumidor, que hará un desembolso mayor para sostener la ecuación económica de las compañías.

Es toda una quimera en la Argentina que sale del método kirchnerista para manejar los servicios públicos. Ese manual se podría resumir en una doble premisa: la hipocresía del poder político que se queja por el mal servicio que prestan las compañías que regula, pero a las que no les da los recursos para que hagan algo mejor, se complementa con la hipocresía del consumidor, que se queja cuando el servicio muestra su pésima calidad pero quiere seguir pagando barato.

Se trata de un conjunto de reglas que se vivieron con molestia en el caso de la electricidad y de manera trágica en otros casos, como el del servicio de trenes.

Si se pudiera armar un consumidor argentino promedio para hacer una prueba de laboratorio, posiblemente resultaría un usuario capaz de disociar conceptos que habitualmente van de la mano en el mundo empresario: ingresos, rentabilidad e inversiones. Sucede que los consumidores, y las asociaciones que los representan, protestaron y litigaron en las pocas ocasiones que el kirchnerismo quiso recomponer los ingresos de las empresas de servicios públicos. Pero al mismo tiempo reclamaban a las compañías que no hubiera cortes en el verano.

Las empresas también aplicaron una disociación, pero distinta. La ley dice que tienen que estar en condiciones de prestar bien el servicio. Aunque muchas veces estuvieron lejos de hacerlo, no entregaron la concesión, hicieron malabares con el kirchnerismo y esperaron que éste pasara.

El tiempo perdido tardará mucho en recuperarse. Según los números de una de las grandes compañías del sector, incluso después del período que abarcará la próxima RTI la calidad del servicio en el país será peor que la de un usuario en Santiago de Chile. Aunque sus cortes se reducirán a la mitad con respecto a los actuales.

La normalidad, entonces, parece un ejercicio complejísimo. Se tratará de aceptar los aumentos en las tarifas, controlar la llegada de las inversiones y esperar un servicio cada vez mejor. Enunciarlo, al menos, parece un trabajo sencillo.