El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció ayer la creación de un Consejo de Coordinación de las empresas con participación del Estado, cuya misión será la de trabajar para poner en valor su capacidad de gestión y para establecer estándares éticos de transparencia. "El Gobierno quiere poner en valor la gestión de las empresas públicas y trabajar permanentemente para alinear sus intereses y agendas con las prioridades fijadas por el Poder Ejecutivo", señaló Peña al hablar en la apertura de un encuentro con autoridades gerenciales de las empresas en las que tiene participación el Estado, realizado en la Casa de Gobierno.
Tras destacar que la creación de un Consejo de Coordinación es un "paso muy importante para poder mejorar y potenciar a las empresas públicas", puso en relieve la necesidad de optimizar las prácticas globales en materia de ética y transparencia, de cara al proceso de integración de la Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). "Crear una instancia de trabajo común va a ser muy importante para las empresas, para el Gobierno y sobre todo para el país, porque representa un paso adelante en términos de construcción institucional...", subrayó Peña.
El Consejo de Coordinación tendrá la función de monitorear y supervisar el desarrollo de las compañías con participación mayoritaria o minoritaria del Estado en línea con los principios dispuestos por la OCDE sobre gobernanza de empresas. Estará integrado por ocho funcionarios del Poder Ejecutivo -Quintana, Lopetegui y los ministros de Defensa, de Energía, de Transporte, de Producción, de Hacienda y de Comunicaciones- y otros dos miembros independientes. La primera reunión del organismo se realizará en noviembre próximo, en una fecha a definir, y las primeras dos entidades en participar serán Correo Argentino y Ferrocarriles Argentinos.
Objetivo
El jefe de Gabinete resaltó la utilidad que tendrá para la gestión el proyecto de ley que establece un sistema de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por Delitos de Corrupción, que fue elaborado por el Poder Ejecutivo y enviado al Congreso el viernes último. Por su parte, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, sostuvo con respecto de esa norma que el objetivo es "que las empresas públicas no puedan ser usadas nunca más como una fachada para la corrupción". La iniciativa permitirá "elevar la vara y establecer un trabajo conjunto entre el sector público y el privado a fin de prevenir y detectar el delito". Con esa legislación "vamos a demostrar que podemos cambiar y que las cosas se pueden hacer mejor con calidad de gestión, estándares y planificación", dijo Alonso.
Participaron además del encuentro los secretarios de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, y de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, y el coordinador de Enlace Interministerial, Abbott Reynal. Por parte de las empresas estuvieron presentes directivos y miembros de Vehículo Espacial Nueva Generación, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Correo Argentino, Lotería Nacional, Educar, YPF, Dioxitek, Nucleoeléctrica Argentina, Energía Argentina, Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Casa de Moneda, Banco Nación, Corporación Antiguo Puerto Madero, AySA, Aerolíneas Argentinas e Intercargo, entre otros.
Cabe señalar que la Sindicatura General de la Nación, dependiente de Presidencia, es la encargada del control interno de estas empresas en las que el Estado tiene participación. Para lo cual existe la Gerencia de Fiscalización de Empresas y Sociedades a cargo de Alejandro Díaz. El encargado de fiscalizar las empresas con participación estatal mayoritaria es Guillermo Stok mientras que en el caso de las que la participación es minoritaria o son entidades financieras es Hebe Cereseto.