El Gobierno confía en lograr un acuerdo con distintos sectores de la oposición para la aprobación, en al menos una de las cámaras, de la reforma de la Ley de Mercado de Capitales, que abre las operaciones de la banca extranjera y limita el control del Estado en las empresas que cotizan de manera pública en los mercados.

"Falta menos de un mes para que terminen las sesiones ordinarias, todavía no hemos enviado el proyecto, y hay que estudiar si es viable su presentación", dijeron fuentes oficiales a Télam.

Para el Gobierno, la aprobación de las modificaciones a la Ley sancionada en el 2012 busca crear mejores condiciones para atraer inversiones en momentos en que se desarrolla el blanqueo de capitales, que vence el 31 de marzo.

Si se aprobara en una Cámara durante lo que resta del año, la norma podría ingresar en sesiones extraordinarias a convocarse en febrero, "pero todo es parte de análisis", reconocieron las fuentes.

"Estamos yendo hacia un modelo donde vamos a cobrarle más al mercado. La industria debe poder decir 'que bien que estoy' y nosotros poder cobrar un poco más", sostuvo el titular de la CNV, Marcos Ayerra, en recientes declaraciones a la prensa.

En este marco, se busca eliminar el pago de tributos para los extranjeros que inviertan en el mercado local y se mantendrá la ventaja impositiva para la compra de activos financieros en Argentina.

Además, se busca que los fondos comunes de inversión cerrados dejen de tener "doble imposición" ya que paga impuestos el instrumento y el cuotapartista. De este modo, la idea sería que los instrumentos dejen de pagar algunos tributos y que éstos recaigan sólo en los inversores.

Otra modificación será autorizar a la banca privada internacional a operar en el país desde el exterior bajo la figura de "asesor financiero", lo que le permitirá operar con determinados ahorristas, algo a lo que se oponen los bancos locales que temen perder a "grandes clientes".

Por otra parte se buscará realizar una serie de modificaciones en el funcionamiento de la Comisión Nacional de Valores, más precisamente del Artículo 20° que, en la actualidad, le permite a ese organismo intervenir en las empresas que tienen oferta pública, incluso con poder de veto.

También buscan eliminar o restringir la potestad de la CNV de separar a los órganos de administración de la entidad por un máximo de 180 días hasta regularizar las deficiencias encontradas.

Por otra parte, la CNV pasaría a financiarse con un pequeño porcentaje de las operaciones y retornos de los inversores y dejaría de hacerlo, como hasta ahora, a través de multas y el presupuesto oficial.