Por Carlos Burgueño - El costo fiscal de la propuesta oficial de reducir el impacto de Ganancias en 2017 sería de $40.000 millones; unos $10.000 millones menos que los $50.000 millones que costaron las modificaciones de este año. El proyecto del massimo costaría al fisco unos $100.000 millones, de los cuales $ 50.000 millones serían fondos que dejarían de recibir las provincias. Estos son los crudos números que hoy llevará al Congreso Alberto Abad para defender desde el costado de los ingresos públicos la propuesta del macrismo de modificación de Ganancias para el año próximo. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tendrá así la misión de mostrar los resultados fiscales de ambas propuestas, con el mandato de ejercer un rol eminentemente técnico alejado de cualquier posición política. No podrá Abad entreverarse en discusiones que tengan que ver ni con propuestas electorales fallidas ni con críticas a la gestión económica oficial; como tampoco criticar desde aspectos políticos lo que propone la oposición; fundamentalmente el Frente Renovador de Sergio Massa o el Frente para la Victoria. Su misión será estrictamente técnica, y mostrar con seriedad fiscal la delicada situación de los ingresos públicos; llevando hacia el recinto toda una batería de números que en la AFIP los asesores del recaudador vienen diseñando desde el jueves de la semana pasada; y que provocó que durante todo el fin de semana se trabajara a destajo. 

Los números son simples. El costo de la propuesta oficial es de una pérdida de recaudación de unos $ 40.000 millones para el año próximo, ejecutando tal cual está presentado el organigrama del proyecto de ley enviado al Congreso. Tiene en cuenta este número la mejora de base de 15% y en las escalas del impuesto; así como las eventuales subas salariales producto de las paritarias de 2017 tomando un promedio de 20% de alzas en los sueldos de relación de dependencia. La cifra sería algo menor que los $50.000 millones que le habría costado al fisco la ejecución de la mejora de este año; con lo cual, en cierto sentido, el Gobierno estaría ajustando en 10.000 millones la pérdida de este año; en sintonía con lo que pide el proyecto de Presupuesto.

Como contrapartida, los hombres de Abad calcularon un costo de poco más de $100.000 millones que provocaría la ejecución del proyecto massista; distribuidos en un 60 contra 40% a favor de la Nación. Según esos números, la provincia de Buenos Aires dejaría de percibir unos $20.000 millones, Córdoba y Santa Fe unos 10.000 M y Mendoza casi 7.000 millones. El resto de las provincias también perdería en relación a su porcentaje. No será Abad el que lo negocie, pero es sobre estos números en rojo que el Gobierno subirá su estrategia para convencer a los diputados y senadores provinciales de las consecuencias de avanzar con el proyecto massista. 

Abad va preparado además para contestar la idea de aplicar impuestos a la renta financiera como contrapartida recaudadora para la reforma de Massa. Según los datos de la AFIP, si se aprobara la presión tributaria sobre, por ejemplo, los plazos fijos, las ganancias en títulos públicos, acciones y otros productos financieros; estos caerían en más del 90% de los casos sobre contribuyentes que tributan por sus ingresos un 35% del valor de su renta. En consecuencia, todas las inversiones financieras de este público hubieran dado negativo en los últimos cinco años, produciendo una estampida de salida del dinero del mercado de capitales local hacia otros horizontes. No lo dirá Abad, pero sería un golpe importante para el sistema financiero argentino. Tampoco dirá Abad la opinión del Gobierno sobre la idea de volver a elevar las retenciones a la minería. Será tarea de los negociadores del oficialismo recordar que este había sido un pedido personal del gobernador justicialista de San Juan, José Luis Gioja para reimpulsar la minería en su provincia. La propuesta la había apoyado también Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy. El mismo argumento se utilizará su se propone volver a subir las retenciones al campo. Ahí los que sufrirían serían las provincias de Buenos Aires, Cordoba, Santa Fé, La Pampa, Mendoza, nuevamente Salta, Formosa y toda la Mesopotamia. Nuevamente, al idea es que los gobernadores y los senadores estén en alerta. 

Abad podrá hablar, eventualmente, de la idea de mejorar también el monotributo. En este punto el Gobierno podría estar dispuesto a negociar una reactualización de las escalas, como también del pago mensual de la categoría impositiva. La AFIP trabaja sobre este tema también desde hace meses, y asegura que la recaudación que se perdería sería mínima. Para este año se proyecta que por impuestos el monotributo aportaría unos $ 1.000 millones, con lo que una mejora no jaquearía la recaudación final de la AFIP. El problema que se ve en la situación actual del régimen es que las mejoras en las escalas máximas (actualmente se encuentran en los $ 400.000 anuales para servicios y $ 600.000 para bienes) beneficiarían a una minoría. Los datos de la AFIP hablan que el 80% de los monotributistas están anotados en las dos primeras categorías; y pagan, por impuestos, unos 39 o 75 pesos mensuales. Una modificación debería incluir también la actualización de estas escalas, y llevarlas no menos de 100 o 200 pesos. El Gobierno teme que una definición de este tipo sea descripta como un "impuestazo" para los contribuyentes de menor nivel de facturación del país.