Por Mariano Martín - El Gobierno analiza implementar una rebaja generalizada de las cargas patronales para las contrataciones de personal. Se trata de un mecanismo ideado para abaratar un promedio del 23% el costo laboral de esos trabajadores con un doble objetivo: atenuar la desocupación, que se presume que el año pasado superó el 10% de la población económicamente activa, por un lado, y apuntalar la formalización de personal no registrado por otro. 

Como adelantó este diario el martes, los postulados centrales están contenidos en un proyectado Régimen de Promoción del Primer Empleo y de la Formalización del Trabajo que, según funcionarios a cargo de su elaboración, se extenderá a trabajadores no necesariamente debutantes en el mercado laboral. Fue el eje de una reunión que mantuvieron ayer por la mañana los ministros de Hacienda, el todavía no jurado Nicolás Dujovne, y de Trabajo, Jorge Triaca. 

La extensión de las rebajas de cargas y el eventual costo que asumirá el Estado son variables bajo estudio por parte de los técnicos de ambas carteras. En cambio está resuelto avanzar en esa línea en contacto permanente con empresarios y los sindicalistas de la CGT en la Mesa de Diálogo por la Producción y el Trabajo, que debutó a fin de año, con vistas a un acuerdo a más tardar en febrero, para luego plasmar ese entendimiento en un proyecto de ley. Dujovne le había anticipado esta semana a este diario que entre sus prioridades figuraba poner bajo análisis "el impacto que tienen los impuestos al trabajo". 

Las premisas, según Trabajo: generar un mecanismo para abaratar el costo de contratación en términos de aportes y contribuciones a la seguridad social, con la garantía de que serán contemplados todos los derechos laborales adquiridos de los asalariados y que el costo correrá por cuenta del Estado. El plan es rebajar esas cargas por un máximo de tres años a partir de la contratación.

El modelo es el contenido en el proyecto de ley de Primer Empleo que el año pasado quedó congelado en la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, y que en 2017 la administración de Mauricio Macri se comprometió a reactivar con algunos cambios para convencer a legisladores peronistas y dirigentes sindicales. Se trata de una graduación de rebaja de cargas con un máximo del 34% de ahorro en el costo salarial y un mínimo de 10%, de acuerdo con la zona del país y la vigencia del beneficio.

En aquella propuesta legislativa el 34% de ahorro máximo estaba previsto para las nuevas contrataciones dispuestas por empresarios registrados en provincias del norte argentino incluidas en el Plan Belgrano: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Santiago del Estero. En esos distritos la rebaja mínima llegaría al 18%. Para el resto del país, siempre según el proyecto original, el beneficio tendría un máximo del 25% y un mínimo del 10%. 

En Trabajo explicaron que el tope para el cálculo del beneficio será para salarios de cerca de 12 mil pesos, igual al valor de un salario mínimo y medio (en la actualidad, el mínimo, vital y móvil es de $8.060). Es decir que, de ponerse en práctica la rebaja tal como fue propuesta en esa norma, la rebaja de cargas máxima será en los porcentajes establecidos pero sobre ese valor máximo de sueldo. Los sueldos promedio de la actividad privada oscilan 1,3 a 1,4 salarios mínimos. 

Antes del debate con la CGT y las empresas, el análisis dentro del Gobierno discurre por canales similares a la evaluación por los cambios en el Impuesto a las Ganancias: sobre la base de las exenciones contenidas en la ley de Primer Empleo, cada población extra (se analiza, entre otras, sumar a los mayores de 45 años con dificultades para reingresar al mercado laboral) moviliza hacia arriba el presupuesto que demandará el plan. 

Los funcionarios consultados se esforzaron en remarcar que la aplicación de las rebajas no implicará pérdida de derechos ni una merma en el historial previsional del trabajador contratado. El objetivo, desmarcar el proyecto en análisis de la baja de cargas patronales que impulsó en 1994 el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, que si bien implicó un ahorro para las compañías no se tradujo en un crecimiento de los niveles de empleo ni un descenso del trabajo informal. 

De hecho, la CGT ya prendió luces de alarma frente a la inminente revisión de impuestos al Trabajo (ver página 14) al interpretar que forma parte de un combo de eventual flexibilización laboral junto con una aceleración de los despidos y las suspensiones.